Excepto por la sorpresa de último minuto, los propietarios del Planta de energía nuclear de AlmarazEl primero en cerrar según el calendario del gobierno, planteará este mes la posibilidad de una extensión hasta 2030, tres años de margen que han recaudado en los directores públicos de las compañías darían más tiempo al debate sobre el cierre. En principio, sería una extensión relativamente simple, según el presidente de Naturgy recientemente, Francisco Reynés. En su día, los propietarios de Almaraz presentaron al reclamar su última autorización a Revisión de seguridad periódica durante diez añosAunque finalmente solo se les otorgó una extensión de siete. Esto haría que la parte más importante del trabajo para solicitar una renovación ya estaría lista y con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear.

Los mensajes a favor de esta pequeña extensión han ocurrido e intensificados, después del apagón en abril pasado y se espera que las compañías se agrupen en las plantas de energía nuclear Alcaraz-Trillo (CNAT) que pusieran sobre la mesa emprenden las obras necesarias para permitir su continuidad durante tres años. Paralelamente, la electricidad también continúa insistiendo en la que consideran el principal obstáculo para que el Parque Nuclear español permanezca abierto: La carga fiscal que apoyan y que ven discriminatorios contra otras tecnologías. En ocasiones repetidas, el sector ha indicado que son la condición para decidir si continúan.

En este contexto, desde el sector han diseminado Un nuevo informe Para garantizar sus demandas: el estudio, por Ernst y Young, compara España con otros cinco países europeos con centrales nucleares y concluye que nuestro país «es El único que tiene cifras fiscales adicionales en centrales nucleares. «» Todos los países analizados (Francia, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Suiza) aplican tarifas a los operadores nucleares para cubrir los costos asociados con la gestión de residuos, el desmantelamiento y la seguridad. «Sin embargo, España sería la única existente en todas las autonomías con reactores, excepto Castilla-La Mancha.

El informe, que confirma cómo, a diferencia de España, ninguno de estos países tiene planes de cierre (ni Suiza, cuyo reactor más antiguo tiene planes de continuar operando más allá de sesenta años), señala cómo tampoco mantienen «impuestos adicionales a los impuestos adicionales a la energía nuclear» más allá de los relacionados con la producción de la electricidad, la gestión de residuos y la seguridad, este último que en el español de los casos implica el pago de las tareas a la guardia civil y el Consejo de Seguridad Nuclear.

Los «impuestos adicionales» españoles, las ecotasas y el impuesto sobre el combustible gastado, significarían 9.2 euros MW/hora dentro de hasta € 28.6/MWh Pagan la nuclear en total entre tasas e impuestos. Con respecto al impuesto sobre combustible gastado, enfatizan que en realidad asigna «cubrir los costos del sistema eléctrico».

En cuanto a la tarifa enresa, el otro caballo de batalla de las compañías, que han llevado a los tribunales el último aumento adoptado por el gobierno por el costo adicional de abandonar el almacén de Villar de Cañas, el informe destaca cómo todos los países pagan tasas comparables pero España es El único que los propietarios mantienen a los propietarios en el margen. La mayoría de los países, «tienen dualidad entre operadores y organismos públicos en el cálculo, revisión y gestión de los costos de desmantelamiento, gestión de residuos y combustible gastado». En el caso español, la OMS calcula los costos es la Enresa pública y quién revisa las estimaciones de gastos, el gobierno, sin ninguna cooperación. Por el momento, el fondo de desmantelamiento consta de casi 8,000 millones y las empresas aún deben contribuir con otros 4,000. Desde el sector señalan que es un modelo centralizado y opaco que contrasta con las prácticas europeas con las empresas que participan activamente en los cálculos y los costos.

Una hipotética extensión de Almaraz serviría en cualquier caso para amortiguar la tasa enresa, que se calcula en función de los años en que las plantas continúan operando. Por otro lado, un primer gesto de empresas a favor de la continuidad dejaría el balón nuevamente del lado del gobierno, que por el momento se ha limitado a decir que son los propietarios quienes deben dar el paso y que una extensión hipotética tendría como condición de que no costara dinero a los ciudadanos. De las industrias insisten en que los altos impuestos comprometen «su competitividad y sostenibilidad económica» y «pone en riesgo su viabilidad».

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