Las minas de sangre del Congo
África otra vez. Suma y sigue. De la guerra civil en Sudán pasamos al repunte de la violencia en la República Democrática del Congo (RDC), un país que, en realidad, lleva más de 30 años sumido en conflictos armados. Se calcula que desde 1996, las guerras que han asolado la excolonia belga han provocado la muerte a más de cinco millones de personas.
La RDC ha ocupado los titulares de la prensa por el asalto por parte de la guerrilla del Movimiento 23 de Marzo (M23) de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, sede de soldados congoleños, cascos azules, oenegés y milicias armadas, pero, sobre todo, rica en los minerales más codiciados del planeta. Tras Goma, el M23 se ha hecho con Bukavu, capital de Kivu Sur. «Más de 450.000 personas se han quedado sin refugio, comida ni agua tras la destrucción de trece emplazamientos de desplazados en Goma», informa la oenegé Oxfam.
El M23, creado en 2012 y formado por congoleños de la etnia tutsi, está dirigido por Sultani Makenga, un señor de la guerra acusado de crímenes de guerra, uso de niños soldados y violencia sexual. La guerrilla cuenta con el apoyo del régimen de la vecina Ruanda, país gobernado con mano de hierro por el presidente Paul Kagame, también de la etnia tutsi. Kagame, un exmilitar, está al frente del país desde el genocidio perpetrado por los hutus en 1996.
Control de la riqueza
En la ofensiva sobre Goma, los rebeldes apenas encontraron resistencia. Los altos mandos del Ejército congoleño, así como los funcionarios del Gobierno del presidente Felix Tshisekedi, huyeron rápido de la ciudad, dejando atrás a una tropa mal equipada y peor pagada. La batalla, que duró cuatro días, dejó más de 3.000 muertos. Poco pudieron hacer los mercenarios contratados por Kinshasa, algunos de ellos procedentes de Europa del Este, para evitar el avance de los rebeldes. Donde hay caos y riqueza, siempre hay extranjeros dispuestos a pelear al lado del mejor postor. Tampoco hubo resistencia en Bukavu.
Las acciones del M23 han recibido la condena de EEUU, el Reino Unido y la Unión Europea. Controlar Goma y Bukavu, implica apoderarse de gran parte de las mayores reservas del mundo de coltan y de la mitad de cobalto, minerales que forman parte del alma de las nuevas tecnologías, imprescindibles para la fabricación de cualquier dispositivo electrónico. También hay oro, diamantes, estaño y tierras raras. Riqueza que no llega a la población. Cerca del 75% de los 110 millones de habitantes de la RDC vive en la pobreza, según datos del Banco Mundial.
A pesar de que en el este de la RDC operan más de un centenar de grupos armados diferentes –aquí todos intentan sacar la máxima tajada–, el M23 es el mejor armado. Kagame no solo protege a los tutsis del país vecino, sino que su implicación en el conflicto multilateral le permite tener acceso a la inmensa riqueza de los yacimientos mineros, que son saqueados.
Minerales de sangre
El material expoliado a la RDC viaja hasta Ruanda y de allí se exporta al extranjero, según la ONU. El proceder de Kagame -que niega las acusaciones- es bien conocido, aunque no parece importar a los receptores de los minerales de sangre, ya sean empresas privadas o Estados democráticos europeos.
Ahora hace un año, la UE firmó con Ruanda un acuerdo en materia de seguridad y cooperación en el que, entre otras disposiciones, el régimen de Kigali se compromete a suministrar los minerales necesarios para «impulsar la llamada transición verde y digital» europea. Un pacto que Bruselas ha amenazado con romper tras el avance del M23, pero con la boca pequeña.
Según el Gobierno de la RDC, el país pierde, cada año, cerca de 1.000 millones de dólares en minerales que Ruanda introduce ilegalmente en el mercado global. Afirma que al menos nueve compañías extranjeras suministran a Apple tantalio ruandés que procede del país vecino. Y otro dato. Según la ONU, el pasado mes de diciembre, unas 150 toneladas de coltán del Congo fue vendido como producto ruandés.
Proteger los intereses de la UE
Kagame ha sabido seducir a lo largo de los años a los países europeos. No solo ha ofrecido su territorio para recibir a inmigrantes deportados, como fue el caso fallido del Reino Unido, sino que ha enviado soldados para proteger intereses económicos de la UE en tierras africanas.
Este es el caso de Mozambique, donde hay desplegados 4.000 militares ruandeses que custodian las grandes reservas de gas natural que hay en la provincia costera de Cabo Delgado, al noreste del país. La zona ha sido el blanco desde el 2017 de ataques de un grupo islamista radical, afiliado al Estado Islámico.
El negocio gasístico está en manos de empresas occidentales, principalmente de la francesa Total, aunque también meten mano la estadounidense Exxon y la italiana ENI. La misión militar de Ruanda está financiada por la UE. Urge buscar gas por la guerra en Ucrania, y Mozambique es el tercer país de África con más reservas de esta estratégica fuente de energía, después de Nigeria y Argelia.
La ofensiva de M23 amenaza con extender el conflicto a nivel regional. Mientras, continúa también la guerra fratricida en Sudán, aunque se hable también muy poco de ella. Hace casi dos años que está arrasando el país.
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