la defensa de Leire Díez ha recurrido en reforma el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el que acordó autorizar la emisión de órdenes a varias compañías telefónicas para que contribuyan la lista de comunicaciones entrantes y salientes correspondiente a sus números de teléfono.

Así, consideran «incuestionable» que aceptar interferir en las comunicaciones durante el periodo comprendido entre octubre de 2020 y el 11 de diciembre de 2025, cuando los hechos investigados se circunscriben a los años 2021 y 2023, implica «una investigación prospectiva, que entra en conflicto con los derechos fundamentales incluido en el artículo 24 de la Constitución a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva», según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

La ex militante socialista ha afirmado que acceder a sus comunicaciones durante cinco años supone una «injerencia desproporcionada y desproporcionada»y ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió de forma ilegítima a su teléfono móvil tras su detención el pasado mes de diciembre.

La defensa de Díez carga así contra uno de los elementos nucleares en la evolución de la investigación, que comenzó con un presunto soborno de contratos públicos y ha desembocado en un Presunta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE y el Gobierno. Los atestados policiales incluidos en el sumario están llenos de mensajes de conversaciones mantenidas entre Díez y otros investigadores, así como grabaciones de conversaciones entre los implicados. Tras levantarse el secreto del sumario, salieron a la luz mensajes de Díez en los que, por ejemplo, decía que su «prioridad en todo esto» es «el presidente» o «ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, hay que ayudar al presidente a generar ecosistemas de apoyo».

La defensa del exempleado de las empresas públicas Enusa y Correos ha señalado que esta aprobación del juez se basa «en una petición de la UCO que se ha emitido a raíz de la intervención del teléfono móvil de los investigados en el momento de su detención y el acceso ilegítimo al mismo, ya que sólo a raíz de ello la UCO puede sospechar irregularidades en el contenido del teléfono y saber qué hay en él».

No existe -sostiene- ninguna base fáctica objetiva para autorizar tal medida, ya que la UCO no precisó en qué elementos se basa para creer que existen comunicaciones entre los investigados con otras personas ni por qué tendrían relevancia penal. Rechazar así Las «meras sospechas» no pueden ser base para solicitar y aceptar una «interferencia en las comunicaciones»y subraya «la nulidad de tal medida al basarse en un acto completamente nulo por parte de la UCO».

Especialmente crítico es con el período «completamente extralimitado» de análisis de sus comunicaciones, cinco años, “cuando los hechos por los que se ha iniciado el presente caso se limitan al período 2021-2023”. A su juicio, con esta solicitud se busca «obtener más pruebas posibles».

Por eso cree que los investigadores han alegadoo «razones genéricas e imprecisas para justificar la solicitud de autorización judicial para tal medida» en una investigación que considera «prospectiva». Para la abogada, «hubiera sido tan sencillo como solicitar» a Díez que facilitara sus comunicaciones entre 2021 y 2023.

Sin embargo, el letrado pide revocar la orden que solicitaba a las compañías telefónicas el «listado de comunicaciones entrantes y salientes» de Díez o, alternativamente, limitar la medida entre 2021 y 2023, expulsando del caso «todas las comunicaciones, mensajes, llamadas, expedientes y material instructivo» que superen ese plazo.

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