Lo que va del ‘caso Alzira’ a Leire Díez
En abril de 2018, el Gobierno valenciano llevó a cabo la reversión del Hospital de Alcira a la gestión pública, cerrando dos décadas de cooperación público-privada bajo el llamado ‘Modelo Alzira’. La decisión se justificó por supuestos incumplimientos contractuales del grupo Salud Ribera y … una investigación judicial abierta por malversación de fondos. Pero la historia fue diferente: la denuncia fue impulsada por un sindicato creado ‘ad hoc’, que se basó en una serie de artículos escandalosos publicados por un medio digital. La investigación nunca prosperó, pero fue suficiente para deslegitimar a la concesionaria y hacer bandera electoral de la «vuelta a lo público».
Lo que realmente motivó la marcha atrás fue un impulso ideológico compartido por el tripartito valenciano –PSOE, Compromisos y Poder– lo que convirtió en dogma que la asistencia sanitaria pública no puede ser gestionada por particulares, aunque lo hagan mejor y más barato. El entonces consejero de Sanidad valenciano, Carmen MontónResumió su postura con un lema: «La salud es un derecho, no un negocio».
Los datos contaron otra historia. El Oficina de Auditoría estimó el ahorro anual del modelo Alzira en un 25% respecto a la gestión directa. El costo por paciente, el ausentismo laboral, el equipamiento tecnológico y el logro de objetivos fueron claramente favorables al modelo concesional. Tras la reversión, el coste para Hacienda se disparó: 76,2 millones de euros más al año entre 2017 y 2019, sin mejora de la calidad ni de la satisfacción de los usuarios y sin más médicos, aunque hubo más guardias.
Ese mismo guión amenaza con repetirse en el Hospital de Torrejonen la Comunidad de Madrid. Allí, las presiones políticas se disfrazan de preocupación por la gestión, cuando en realidad el objetivo es socavar un modelo alternativo al centralismo público. Como en Alzira, un episodio de mala gestión no justifica la reversión, sino, en el peor de los casos, la convocatoria de una nueva licitación.
El diario El Español ha revelado que Leire Díezconocido como ‘el fontanero’ del PSOE, y Santos Cerdán Ofrecieron protección a empresas cuestionadas judicialmente. Pidieron dinero para neutralizar información negativa o detener procedimientos. Ambos episodios, el de Alzira y el de la extorsión encubierta a empresas, son un ejemplo de cómo la política puede tener costes ocultos para los ciudadanos y perfilan un rasgo común: la instrumentalización de los medios de comunicación y del poder judicial como herramientas de presión política o económica. En el primero, para justificar una decisión ideológica; en el segundo, rentabilizar las conexiones partidistas. Todo de los mismos operadores políticos que han creado un auténtico modelo de negocio.
Cuando la política se hace a través de denuncias y titulares, y cuando los gobiernos utilizan a periodistas y fiscales como peones, el precio lo pagan el Estado de derecho y los ciudadanos, que ven cómo la verdad se degrada y la ley es una mera coartada. jmüller@abc.es
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