La Comisión de Defensa del Congreso debatirá y votará este lunes una iniciativa registrada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG que reclama al Gobierno una investigación nacional «exhaustiva e independiente» sobre los abusos y malos tratos supuestamente sufridos por hombres jóvenes en las décadas de 1980 y 1990 durante el servicio militar obligatorio.

En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, las formacionesy se basan en «numerosos testigos» que en los últimos meses han denunciado «situaciones sistemáticas de humillación, abuso, acoso y agresiones físicas y psicológicas». que sufren los reclutas en los cuarteles.

También hablan de «Numerosas muertes» se produjeron en «circunstancias no suficientemente aclaradas» y citan más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001. –fecha fin de los ‘militares’–, según datos oficiales del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG señalan que investigaciones periodísticas y testigos familiares consideran que la cifra podría ser mayor, sobre todo si se tienen en cuenta las muertes catalogadas en su momento como «accidentales».

«Varias familias supieron años después que la muerte de sus hijos había sido un suicidio relacionado con los abusos y las humillaciones sufridas durante su estancia en el cuartel», subrayan los socios parlamentarios habituales del Gobierno.

El Las citadas formaciones señalan que estos hechos «no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y su entorno»..

«La falta de investigaciones exhaustivas, el silencio institucional durante décadas y la ausencia de mecanismos de reconocimiento y reparación han agravado el sufrimiento de las personas afectadas.»

Por todo ello, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG instan a la apertura de una «investigación exhaustiva e independiente a nivel estatal» sobre los hechos descritos que incluya la recogida de datos sobre suicidios, muertes en circunstancias poco claras y denuncias de abusos vinculados al servicio militar obligatorio; el análisis de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares; y la evaluación de los mecanismos de control existentes en el período afectado y sus deficiencias.

Además, con base en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, solicita que esta institución inicie acciones de oficio para esclarecer lo sucedido en los ‘militares’ durante las décadas de 1980 y 1990. Creen que es «necesario» activar formalmente este mecanismo para «contribuir al esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de las víctimas y la promoción de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes».

Además, Exigen que el Estado, una vez probados los hechos, reconozca «públicamente» a todas las víctimas; establecer mecanismos de reparación «morales, simbólicos y económicos»; garantizar el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico a las personas afectadas y sus familias; y recomendaciones para evitar que tales hechos se repitan.