Acreedores internacionales afectados por el impago de laudos derivados del recorte retroactivo de primas a energías renovables han iniciado formalmente el procedimiento de venta en subasta de la sede ocupada por la Instituto Cervantes de Utrechtuno de los bienes embargados al Reino de España dentro de la ofensiva judicial emprendida para cobrar las indemnizaciones reconocidas por distintos tribunales arbitrales.

Según la documentación remitida por los representantes legales de los inversores, el inmueble -valorado en alrededor de 10 millones de euros— ya ha sido objeto de los procedimientos necesarios para su liquidación. Entre las actuaciones llevadas a cabo destaca la colocación en el propio edificio de anuncios oficiales informando del inicio de la proceso de venta forzosaun paso que acerca la eventual subasta pública del inmueble.

El embargo fue autorizado por el justicia holandesa tras reconocer la validez y exigibilidad de uno de los laudos internacionales dictados contra España por los recortes aprobados durante la última década en el régimen de apoyo a las energías renovables. Los acreedores sostienen que El Estado español sigue incumpliendo resoluciones firmes que exigen el pago de miles de millones de euros en concepto de indemnizaciones.

La sede del Instituto Cervantes en Utrecht se ha convertido así en uno de los símbolos más visibles de la campaña internacional de aplicación de la ley impulsado por los fondos e inversores afectados. En los últimos años, los acreedores han obtenido embargos o medidas cautelares sobre bienes españoles en diferentes jurisdicciones, incluidas Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Australia o Singapur.

Los representantes de los inversores consideran que el apertura formal del proceso de subasta demuestra que las resoluciones obtenidas en tribunales extranjeros no son meramente declarativas, sino que pueden conducir a la venta real de bienes vinculado al Estado español cuando persista la negativa a pagar las cantidades adeudadas.

La noticia llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno, que se enfrenta a numerosos procedimientos de ejecución en diferentes partes del mundo mientras se encuentran pendientes de nuevas decisiones judiciales en Estados Unidos relacionadas con el reconocimiento y cobro de laudos arbitrales. Según las estimaciones de los acreedores, el total de facturas pendientes supera los 2.000 millones de euros entre principal, intereses y costos.

Si se confirma la finalización del procedimiento, el venta de la sede del Cervantes en Utrecht se convertiría en uno de los episodios más significativos de la larga batalla internacional desencadenado por el impago de las indemnizaciones reconocidas a los inversores en energías renovables.