Los ayuntamientos reclaman a Hacienda que les deje usar los 22.000 millones que tienen de superávit para vivienda pública
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado que la mayoría de entidades locales (principalmente ayuntamientos y diputaciones) cumplirá con las normas fiscales. Estima que este subsector de la Administración cerrará 2025 con un superávit del 0,3% del PIB, lo que equivalente a unos 4.800 millones de euros. Y no es el primer año que esto sucede.
Según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el fenómeno de los superávits de los últimos años ha provocado que las entidades locales tengan un remanente de tesorería de más de 22.000 millones de euros.
Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por un lado, y el Ministerio de Hacienda, por el otro, impedir el uso de estos fondos en otras partidas de gasto y particularmente en viviendaLuis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, explica a EL ESPAÑOL-Invertia.
La citada normativa establece que los ayuntamientos sólo pueden dedicar anualmente el dinero que les sobra al pago de la deuda o de sus intereses.
En los últimos años, el Ministerio de Hacienda ha flexibilizado esta situación, permitiendo, mediante decretos anuales, Los municipios pueden dedicar estos excedentes a inversiones financieramente sostenibles.. Sin embargo, deben cumplir ciertas condiciones, como que estas inversiones se realicen de forma forma anualizada y no plurianual.
Además, la norma que permite realizar inversiones financieramente sostenibles No ha sido aprobado en 2025. Normalmente, se incluye en el real decreto-ley escoba que el Gobierno aprueba a finales de año. Sin embargo, esta norma fue rechazada por el Congreso y esta parte de su contenido no ha sido retomada. Por este motivo, los ayuntamientos vuelven a tener que guardar todos sus excedentes en el refrigerador presupuestario.
Martínez-Sicluna exige revertir esta situación. En concreto, la FEMP ha reclamado a Hacienda que haga los cambios normativos necesarios para que el resto de tesorería que tienen los municipios por superávits (más de 22.000 millones de euros, explica) Se utilizan para la construcción de viviendas públicas..
«El problema fundamental para los ciudadanos es la vivienda y lo demuestran los datos. Según el Banco de España, faltan 700.000 viviendas. Y es una situación que va a empeorar», explica el representante de la Federación.
«Los ayuntamientos queremos ser parte de la solución al problema de la vivienda. Tenemos terreno y tenemos fondos. Nuestro resto de tesorería triplica lo que queremos destinar al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030En definitiva, la FEMP pide poder destinar «todo o parte del tesoro» que tienen acumulados los ayuntamientos a «construir vivienda pública». Vivienda social, lógicamente.»
Para esto, «Se deben hacer cambios a la Ley de Estabilidad Presupuestaria«. Para empezar, cambiar los plazos de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, que hoy sólo pueden durar un año. «Un proyecto de vivienda requiere 30 meses para ejecutarse. Serían necesarios al menos tres ejercicios para ejecutar ese resto.«, señala.
Además, habría que introducir en la norma que «el dinero que los ayuntamientos podrían gastar en vivienda pública no se tendría en cuenta en la norma» que limita el gasto de estas entidades.. «Si no es así, lo que invirtamos en vivienda supondría reducir el gasto en otras partidas para poder cumplirlo».
También habría que introducir en la norma que, con carácter permanente, «se pueda dedicar todo el superávit a inversiones financieramente sostenibles». «Creemos que son peticiones razonables. La mayor urgencia que tiene nuestro país ahora mismo es encontrar soluciones a la falta de vivienda«.
Lo cierto es que el Banco de España comparte esta visión. Así lo indicó José Luis Escrivá, gobernador del ente regulador, durante su comparecencia en el Senado de hace unas semanas, cuando reclamó más vinculación de los ayuntamientos con las políticas de vivienda.
«Que los ayuntamientos tengan un volumen de depósitos tan grande al mismo tiempo que apenas tengan deuda es una anomalía.«, indicó. «Hay que adaptar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que ha quedado obsoleta. Es necesario abordar el superávit estructural que tienen los ayuntamientos y las limitaciones que impone la regla de gasto definida».
Y añadió: “Los países donde vemos mejores prácticas en vivienda social y alquiler suelen ser iniciativas en las que los ayuntamientos tienen una influencia muy grande. Tienen mucha tierra, o suelen tener mucha tierra. Y activos que podrían reinvertirse en actividades inmobiliarias”, afirmó.
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