El abogado y eurodiputado de los Comunes Jaime Asens presentó este jueves un denuncia penal en la Corte Suprema contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrietapor un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal en el juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Según ha argumentado el partido, la actuación judicial se fundamenta «en los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el juez Martínez Arrieta, en plena deliberación sobre la sentencia del Fiscal General del Estado, participó como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)».

En el mismo curso, el magistrado declaró: «Ya terminé porque tengo que dar la sentencia de la Fiscalía General del Estado»una declaración pronunciada, subrayan los comunes, «en tono de broma y seguida de risas del público», que, según la denuncia, «constituye una revelación explícita de información reservada» sobre tres cuestiones: «el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente con respecto al magistrado inicialmente designado, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo».

La denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, sostiene que estos datos están protegidos por el secreto de deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta el derecho fundamental a un juicio justo.

Para la Cámara de los Comunes, la participación simultánea de tres jueces del tribunal en un acto organizado por uno de los acusadores «compromete gravemente la apariencia de imparcialidad» del órgano judicial, «contra la doctrina reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no sólo una imparcialidad real, sino también apariencia de imparcialidad».

Además, explican que será la Sala 61 del alto tribunal -órgano competente para juzgar a un magistrado- la que decidirá si se admite o no a trámite la demanda.

Información reservada sobre la sentencia.

En la denuncia presentada por Asens, en colaboración con el abogado Alejandra Jacinto quien fue diputado regional en la Asamblea de Madrid, destaca que el «público» que asistió al acto «interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la preparación de la sentencia».

Además, en el escrito sostiene que el propio acusado «era consciente del carácter indebido de su revelaciónpresentándolo con humor».

«Esta manifestación revela información protegida por el secreto de las deliberaciones, ya que anuncia «que las deliberaciones internas ya han adoptado una estructura decisoria suficiente para que él asuma la redacción de la sentencia», que se produjo un «cambio de presentación desplazando al magistrado inicialmente designado» debido a una mayoría ya formada en dicho tribunal y que «Apuntaría a un sentido del fallo, previsiblemente condenatorio» a una de las acusaciones que pedían prisión para García Ortiz.

Llama también la atención que «simultáneamente», y en el mismo curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, participaran como docentes otros dos magistrados del juzgado, antonio del moral y Juan Ramón Berdugoambos involucrados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento.

«No es concebible que un juez del Tribunal Supremo participe a cambio de una remuneración en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado criminal de la revelación realizada», detalla la denuncia.

Además, incide en que ha trascendido en los medios de comunicación que el juez Antonio del Moral mantiene una «estrecha relación académica con al menos uno de los abogados del interesado en el casohabiendo sido director de su tesis doctoral».

Un hecho que añade, a su juicio, «un elemento adicional de riesgo a la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

«Derecho a tribunales imparciales»

En declaraciones a ‘Europa Press’, Asens ha señalado que «En un Estado democrático ningún juez puede anunciar sentencias en público«Ni mucho menos hacerlo desde la sede de una de las acusadoras» en la causa contra García Ortiz, en referencia al Colegio de Abogados de Madrid.

«No es sólo una cuestión jurídica: es una cuestión de salud democrática. Los ciudadanos tienen derecho a tribunales imparcialesno a magistrados que revelan deliberaciones internas y se entregan a bromas sobre procesos pendientes. Si no defendemos la imparcialidad judicial, la democracia pierde su última línea de defensa», explicó.

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