La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil traslada al juez de Almería que investiga el caso presunto fraude en contratos de máscaras y otras adjudicaciones presuntamente irregulares en la Diputación Provincial los indicios de delito que existen contra los investigados. Entre ellos se encuentran ex altos funcionarios de la institución como ex presidente Javier Aureliano García y ex vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria.

En total, la UCO eleva a 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas en este caso, que analiza diversas líneas relacionadas con la contratación pública de la Diputación de Almería, según consta en un documento policial remitido al juzgado de instrucción y al que ha tenido acceso laSexta.

El documento, incorporado a las diligencias previas llevadas a cabo por la Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia número 1 de Almería, sitúa a los investigados en varias líneas de investigación ligadas, entre otras cuestiones, a la adjudicación de contratos de suministro durante la pandemia y demás expedientes tramitados por el Área de Desarrollo, Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.

Estos contratos forman parte de diversos planes provinciales como PCEM, PIBIO o ACELERA 2020.

El número de investigados se desprende del informe elaborado por la UCO y remitido al juzgado en el marco de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública, según consta en documentación judicial. el juez de instrucción ha aceptado la declaración como investigada de todos los señalados en el atestado policial, incluidos los administradores o representantes legales de las empresas mencionadas en el mismo.

Tres líneas de investigación

La investigación de la Guardia Civil se estructura en tres grandes bloques temáticos. El primero se centra en el contrato de “suministro de mascarillas FFP-2, monos de protección y guantes de nitrilo para cubrir las necesidades derivadas de la protección de las personas frente al COVID-19” adjudicado a la empresa. Azor Corporativo Ibérica, dirigido por Kilian López Solé.

Este contrato, firmado en abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros (2.036.186,24€específicamente) habría servido para generar una devolución de fondos ilícitos a través de costes adicionales de aproximadamente un millón de euros «con la connivencia de determinados funcionarios públicos, entre los que se encuentra predominantemente Óscar Liria, en aquel momento Diputado de Fomento de la Diputación Provincial de Almería», se lee en el escrito.

Según la UCO, Óscar Liria habría cobrado sobornos en efectivo como consecuencia de los premios cuando era vicepresidente de la Diputación Provincial. Además, habría repartido parte de los fondos entre funcionarios públicos. En este sentido, la evidencia muestra que estas entregas se habrían producido al menos entre 2016 y 2021.

La segunda vía analiza una serie de contratos licitados por la Diputación que habrían permitido a la Asignación fraudulenta de ficheros a empresas. como Pulconal o OYC Servicios Urbanos.

La UCO ha señalado que estas empresas formaban parte de un «plan preconcebido» para obtener beneficios económicos ilícitos aprovechándose de la capacidad de decisión de Óscar Liria en materia de contratación. En esta red participaron numerosos empresarios y otros funcionarios públicos, como el jefe de la sección del CJG.

El tercer bloque apunta a la existencia de una flujo de fondos cuyos destinatarios finales serían, supuestamente, otros cargos de la dirigencia provincial. El funcionario ha destacado indicios sobre la recepción de fondos por parte Javier Aureliano García y Fernando Giménezexpresidente y exvicepresidente de la Diputación Provincial.

La Guardia Civil ha detallado operaciones para integrar estos fondos en el circuito legal, incluyendo el uso de cuentas familiares y la instrumentalización de una comunidad de bienes para canalizar dinero de procedencia desconocida.

En concreto, sobre García señala que «habría recibido una serie de fondos en efectivo, habiéndose encontrado pruebas en este sentido que inciden en dos aspectos: por un lado, en el uso que hace de los fondos en efectivo y, por otro, en la desarrollo de operaciones que le hubieran permitido integrarse en el circuito financiero».

Un viaje en el centro de atención

En este contexto, los agentes también investigan un viaje a Madrid en junio de 2025 por Javier Aureliano García junto a un estrecho colaborador de su equipo de confianza, cuyo coste fue asumido por la institución.

Aunque se justificó como una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el análisis de las llamadas y cámaras de seguridad no sitúa a los investigados en dicha sede, sino realizando actividades privadas y compras en el centro de la capital.

La UCO ha concluido que no se ha podido acreditar actividad institucional vinculada a este desplazamiento, que habría respondido a motivos personales. Ante la gravedad de los hechos, el juez Manuel José Rey Bellot ha dictado auto de toma de declaración a los 43 investigados, subrayando la necesidad de avanzar en la causa tras las actas y análisis de los registros telefónicos.

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