los mecanismos de la UE para contratacar a Trump
Sanciones a los gigantes tecnológicos como Meta y Apple, excluir empresas estadounidenses de los contratos públicos con la Unión Europea (UE) o restringir las inversiones en Estados Unidos: las armas europeas en la que ya es una guerra comercial, declarada por el presidente estadounidense, Donald Trump, han pasado de ser un murmullo en los pasillos del Parlamento Europeo a ser una declaración de intenciones. Además de devolver aranceles idénticos, EL PERIÓDICO ha podido confirmar en entrevistas a europarlamentarios de los grupos populares, socialistas y verdes cuáles son los elementos de presión que la UE está dispuesta a utilizar con tal de sentarse a negociar en los términos del magnate.
La calma tensa se rompió en Estrasburgo cuando Trump desveló este miércoles por la noche que el gravamen ascendería al 20% para la UE. El Parlamento Europeo, que ha celebrado esta semana una sesión especialmente centrada en el rearme europeo ante la invasión rusa, rompió su silencio más allá del tantas veces repetido mantra «flexibilidad en la negociación, firmeza en la respuesta». Y es que, pese a lo alto de las tasas, Estrasburgo soltó un suspiro de alivio al saber que, al menos, era una única imposición para los Veintisiete, ya que temía que Trump pusiera a prueba su unidad ofreciendo excepciones a países afines. La guerra comercial había comenzado, pero tenían un plan conjunto. A continuación se detalla cada uno de ellos:
A la espera de que la UE imponga las primeras multas a dos grandes tecnológicas, esta se ha convertido en un arma más de la guerra comercial. Meta es acusada de imponer términos de uso abusivos sobre los datos personales de sus usuarios y Apple, de imponer restricciones a otras empresas para comercializarse entre usuarios de iPhone, lo que la Administración Trump llama «trato injusto» y «barrera encubierta», base de su argumentario para cargar contra los Veintisiete.
«Con los aranceles, Trump quiere conseguir palancas de fuerza para obligar a Bruselas a que retire legislaciones que regulan el ámbito digital y tecnológico», ha dicho Diana Riba, eurodiputada de ERC, y miembro de la comisión para las relaciones con EEUU, en referencia a las directivas de Inteligencia Artificial, Servicios Digitales y la de Libertad de Prensa.
«Son legislaciones en las que la nueva Administración americana ha puesto el foco porque consideran que pone freno al desarrollo libre y sin restricciones de los negocios de los ‘tecnoligarcas’ que ahora mandan en la Casa Blanca«, ha añadido Riba, que en el Parlamento Europeo forma parte del grupo de los Verdes.
Hasta ahora, la UE ha desvinculado las multas de los aranceles, pero ya sumidos en la guerra comercial, todos los eurodiputados consultados han subrayado este como uno de los elementos clave en las negociaciones.
Quizá el movimiento más previsor de la UE fue aprobar dos años atrás el llamado «instrumento contra la coerción económica», diseñado para proteger a sus empresas de restricciones impuestas por terceros países con fines políticos o competitivos. Gracias a este nuevo instrumento, la UE puede imponer restricciones comerciales, de inversión o financiación contra países que recurran a la coerción económica. En el documento de su aprobación, la UE celebraba cómo este mecanismo le iba a dar «una posición de mayor fuerza y, si es necesario, adoptar contramedidas para defender sus intereses».
Diseñado exactamente para una situación como esta, es una «una herramienta que no se ha utilizado hasta ahora porque puede afectar muy duramente a terceros países», explica a EL PERIÓDICO la eurodiputada socialista Lina Gálvez, miembro de la comisión de Industria y de relaciones con EEUU. Además, señala que precisamente por la alta «interdependencia» de la UE y EEUU, existen múltiples formas para contrarrestar unas medidas impuestas de forma unilateral. «Las respuestas van a tener que ser inmediatas ya que muchos aranceles ya están en vigor», ha añadido.
Otro recurso que la UE guarda con recelo es excluir a las empresas estadounidenses de los contratos públicos en la UE. «Que prohibamos que empresas norteamericanas participen en las licitaciones y concursos públicos que se hagan en los 27 países de la Unión Europea», ha concretado a este diario el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, miembro de la comisión de Comercio Internacional y exministro de Interior, que matiza que este último recurso se guardaría para una situación «extrema» o como elemento de negociación.
Esto afectaría significativamente a sectores como la tecnología, la defensa y las infraestructuras donde empresas estadounidenses se benefician de grandes contratos públicos, desde las grandes consultoras como PwC o KPMG hasta, de nuevo, grandes tecnológicas como Amazon, Google o Microsoft. La medida se podría aplicar alegando el «principio de reciprocidad», ya que EEUU ya impone normas equivalentes que limitan el acceso de las empresas extranjeras a concursos públicos.
Un instrumento poco conocido es el llamado estatuto de bloqueo, que sirve «para contrarrestar las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, ya que se ha considerado un intento de imponer la legislación estadounidense a empresas europeas», explica Gálvez.
EEUU también tiene mecanismos similares para defender a sus compañías de sanciones externas pero, en la práctica, muchas prefieren cumplirlas para no arriesgarse a perder negocios. Esto ha generado conflictos entre gobiernos y demuestra cómo las sanciones económicas afectan no solo a los países castigados, sino también a sus socios comerciales.
Por ejemplo, en 2020 la UE introdujo un estatuto de bloqueo para proteger las empresas europeas de las sanciones estadounidenses relacionadas a China. «Estados Unidos había impuesto sanciones a China, lo que la UE interpretó como un intento de imponer también la legislación estadounidense a las empresas europeas», añade la parlamentaria socialista, que califica este mecanismo como «clave en las actuales tensiones comerciales».
Por supuesto, todas estas medida agravarían aún más las tensiones comerciales. O, al contrario, podrían equilibrar la balanza de las negociaciones y desescalar, allanando una vuelta a la cooperación económica que Europa sigue prefiriendo y defendiendo.
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