En un comunicado, han pedido al Gobierno «certezas y garantías» a los trabajadores públicos asistidos por cara y un acuerdo «razonable y satisfactorio» que garantice la estabilidad en los servicios sanitarios y la calidad de los mutualistas, evitando recortes que puedan afectar a su atención.

Las organizaciones sindicales han criticado la ambición «insaciable» de retorno económico para las aseguradoras, que continúan presionando al Gobierno para que aumente la financiación.

Asimismo, han criticado que el Gobierno no haya aclarado qué pasará si la segunda licitación será desierta y cuáles serían los posibles escenarios si se diera esa situación. «A pesar de los intentos del Ministerio de la Función Pública por tranquilizar a los mutualistas, no hay nada claro sobre su futuro», afirmaron.

CCOO y UGT también han recordado que las dudas sobre la licitación se mantendrán varios días más, después de que el Gobierno decidiera aplazar el plazo de cierre hasta el 27 de enero, aunque para los sindicatos la cosa no acabará ahí, ya que habrá que ver cómo finaliza el proceso y qué medidas se implementarán para asegurar la continuidad del servicio y garantizar la cobertura y calidad.

Por ello, ambos sindicatos han vuelto a solicitar que se presenten las medidas necesarias para evitar el «colapso» de la salud pública en caso de que la licitación no llegue a buen puerto y, por supuesto, que se incluyan en el proceso para garantizar la seguridad sanitaria de los mutualistas.

Además, consideran «imprescindible» abrir un espacio de reflexión para garantizar la atención sanitaria de los funcionarios públicos en el futuro, evitando la incertidumbre cada dos o tres años.