Los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que las reducciones del IVA de la electricidad y los alimentos, aprobadas desde 2021 para mitigar los efectos de la crisis energética y la inflación derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania, Son «paliativos e ineficientes».

Además, aseguran que estas medidas pueden proporcionar ingresos extra, pPero ven necesario aclarar que el IVA que paga el consumidor final genera ingresospero el importe pagado por las empresas de transporte, agricultura, ganadería o pesca es deducible, y no supone ingresos directos para Hacienda, ya que el IVA es neutro para las empresas.

Los años de mayor impacto recaudatorio fueron 2022 y 2023, cuando se implementaron la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la reducción del IVA de la electricidad, la bonificación al combustible, las ayudas directas como el cheque de 200 euros, la gratuidad del transporte público o la eliminación del IVA (0%) para los productos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras) y la rebaja del 5% para aceites y pastas.

Según datos del gobierno, la batería de recortes de impuestos, subsidios y ayudas directas había un coste acumulado para las arcas públicas de más de 53.300 millonesuna cifra que el Banco de España cifra entre 48.300 y 57.100 millones. Además, advierten de que «las bajadas generalizadas del IVA de la electricidad son regresivas», ya que benefician proporcionalmente a las rentas más altas con un mayor consumo.

Por tanto, los técnicos de Hacienda concluyen que un mayor coste fiscal surgió porque la mayoría de las medidas fiscales adoptadas fueron generales y no estaban destinadas exclusivamente a los hogares de bajos ingresos o sectores afectados.

Por tanto, consideran que las medidas fiscales no atacan la raíz del problema de la inflación y pueden ser absorbidas por subidas del precio del kilovatio, de las empresas petroleras o alimentarias «si no hay una supervisión estricta».

Los técnicos de Hacienda proponen un catálogo de medidas centradas en racionalizar el uso y coste de la energía y los combustibles, que deberán graduarse si la espiral inflacionaria o los efectos de la crisis se trasladan a los precios de los alimentos, la vivienda u otros bienes de consumo.

Así, de aquí a 2026, Gestha defiende un cambio de enfoque hacia una vigilancia «estricta» de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos.

Bonificaciones en el transporte público o refuerzo del teletrabajo: las medidas propuestas

Entre las medidas propuestas se encuentra una forma de reforzar los descuentos en el transporte público; Fomentar el teletrabajo en empresas y administraciones públicas. Además, piden profundizar los incentivos fiscales a empresas y trabajadores por el uso de cheques o tarjetas de transporte público y por la compra de vehículos eléctricos, enchufables e híbridos.

Gestha aconseja sondear la voluntad de los grupos parlamentarios de lograr la estabilidad en el uso y los precios de los alquileres de viviendas y locales comerciales; el refuerzo temporal de algunas prestaciones públicas; reemitir bonos o cheques de emergencia para alimentación de familias u hogares vulnerables en situación de pobreza energética, diferenciando su monto según nivel de ingresos, y evitando desconexiones por impago a consumidores vulnerables.

Una vigilancia «estricta» de los derechos de emisión de CO2 y de las operaciones de futuros sobre electricidad para controlar más estrictamente el comportamiento de los operadores de transporte y logística, la cadena alimentaria, el comercio minorista y los márgenes empresariales, y aprovechar la financiación europea en estas medidas.