Marine Le Pen, ante una sentencia que podría dejarla fuera de la carrera hacia la presidencia de Francia
Este lunes, la justicia francesa dictará sentencia contra Marine Le Pen y otros 24 miembros de Reagrupación Nacional por desviar a su partido, los fondos de la Unión Europea asignados al pago de asesores parlamentarios. La líder del partido de extrema derecha francés se enfrenta a cinco años de prisión, tres de ellos en suspenso, cinco años de inhabilitación con cumplimiento inmediato y a una multa de 300.000 euros. Una sentencia que descalificaría a la líder de la ultraderecha para las próximas elecciones presidenciales de 2027, en las que muchos ya la consideran como la favorita.
Este lunes gran parte de Francia se despierta pendiente de una decisión que los medios locales han calificado como “políticamente explosiva”, y que podría marcar la historia del país. En las filas del partido contienen la respiración. Saben que gran parte del electorado de Reagrupación Nacional apuesta por Marine Le Pen: “Marine es RN. Jordan Bardella aún es muy joven para presentarse a la presidencia”, afirmaba este lunes para la televisión nacional una vecina del pueblo Henin Beaumont, donde la líder fue elegida como diputada en 2017.
Sin embargo, poco antes de esta sentencia, la dirigente aseguró por primera vez en BFMTV que su sucesor al frente del partido, Jordan Bardella, «tiene capacidad para ser presidente de la República».
Diez años de investigación
Tras diez años de investigación, este lunes la jueza Bénédicte de Perthuis iniciará la lectura de la sentencia contra 25 miembros de Reagrupación Nacional. Si la justicia acepta la petición de la fiscalía, Le Pen quedaría fuera de juego de manera inmediata, acusada de «malversación de fondos públicos y complicidad».
Entre 2004 y 2016, el partido liderado por Le Pen desvió presuntamente más de 3 millones de euros en sueldos para los falsos asistentes de parlamentarios, quienes terminaron trabajando directamente para los intereses de la formación de extrema derecha. Algo prohibido en los estatutos del Parlamento Europeo. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas irrefutables de la trama urdida por Reagrupación Nacional, como correos electrónicos o el registro de entradas y salidas de los supuestos asistentes a la sede del partido en París, los mismos días y a las mismas hora que supuestamente deberían haber estado trabajando en Bruselas.
Sobre la mesa, existe una segunda opción: la inhabilitación con la posibilidad de suspender la pena hasta que se pronuncie el tribunal superior. Esta otra posibilidad daría a la jefa de la ultraderecha el tiempo suficiente para poder presentarse a las presidenciales de 2027. Las encuestas sitúan a la triple candidata (2012, 2017 y 2022) a la cabeza de la carrera hacía el Palacio del Elíseo. En las dos últimas presidenciales la líder llegó a segunda vuelta, y en las elecciones legislativas del pasado mes de julio obtuvo cerca de 11 millones de votos. “Su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales. Hay que estar sordo y ciego para no verlo”, lamentó Le Pen frente al tribunal en la última audiencia.
La posible “decapitación electoral” de la hija de Jean-Marie Le Pen no solo provocaría un punto de inflexión en el propio partido, sino que muchos ya apuntan a un verdadero terremoto político. Puesto que, también afectaría a unas posibles elecciones legislativas anticipadas, en caso de que Emmanuel Macron decidiera disolver el próximo junio la Asamblea Nacional por segunda vez. En ese caso, Marine no podría presentarse, aunque podría mantenerse en su escaño de parlamentaria hasta que termine su periodo.
Además, la pena de inelegibilidad va más allá de la simple prohibición de competir en unos comicios. El artículo 131-26 del código penal dicta que “la prohibición del derecho de voto o la inelegibilidad conlleva la prohibición o incapacidad de ejercer una función pública”.
El Consejo Constitucional acepta la “inhabilitación inmediata”
El pasado 28 de marzo, el Consejo Constitucional de Francia aprobó una reforma de ley, en la que los políticos pueden ser inhabilitados inmediatamente. Una decisión que según el Constitucional no afectaría a la carta magna, y que nace tras el caso contra el funcionario electo de Mahoran, Rachadi Saindou, condenado el pasado junio por malversación de fondos públicos, ocultación y toma ilegal de intereses.
Según el organismo, “en el artículo 3 de la Constitución, los parlamentarios participan en el ejercicio de la soberanía nacional y, en los términos del primer párrafo del artículo 24, votan las leyes y supervisan la acción del Gobierno». Por lo tanto, la reforma establece que los políticos declarados culpables de ciertos delitos pueden ser inhabilitados de forma automática, sin necesidad de procedimientos adicionales y sin vulnerar sus derechos fundamentales.
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