Este martes, el Gobierno puso las cartas sobre la mesa a la espera de que su plan se haga efectivo. El tiempo es corto. El objetivo es aprobar las medidas que la Cámara tumbó la semana pasada: la revalorización de las pensiones y el escudo social de tiempos de pandemia. Es por eso, Sánchez «no tuvo otra opción«, según explican en el Ejecutivo, que desmenuzando el dichoso decreto «ómnibus» y separando el incremento de las pensiones, mínimas y no contributivas, del resto: la suspensión de desahucios y liberaciones, la garantía del suministro de luz, agua y gas y la ampliación de las bonificaciones sociales para personas en situación de vulnerabilidad.

Los obstáculos son dos partidos más que beligerantes con la política del Gobierno: Podemos y juntos. Moncloa espera que los morados den marcha atrás y los posconvergentes, que ayer advirtieron que tumbarían el decreto del escudo social, permitan la aprobación de ambos.

El PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo ayer por la mañana, justo antes de entrar en el Consejo de Ministros. Los socios de los socialistas les presionaron para que no separaran las medidas sociales del resto de medidas fiscales, en su mayoría exenciones para los afectados por la dana de 2024 en el Levante y los incendios del pasado verano en el interior de España. De este modo, el Ejecutivo esperaba que Junts, que asumía había «tragar un sapo»tómalo.

Es más, según ha podido saber este diario, es lo que le predicaban a Sumar. En el Ejecutivo sabían que los de Carles Puigdemont, con quienes han negociado directamente, tendrían delante al banco catalán, gran tenedor de viviendas, si decidieran permitir la aprobación del decreto que paraliza los desahucios. Poco importa que el Gobierno se viera obligado a premiar al PNV modificándolo para que sólo propietarios de tres casas o másSon quienes no pueden deshacerse de aquellas personas que demuestran una situación de vulnerabilidad ante el juez y han incurrido en impago del alquiler.

Ese gesto hacia el PNV lo fue también hacia Junts. Aunque en el Gobierno lo que menos se entiende es la postura de Podemos. La secretaria general morada, Ione Belarra, publicó ayer un duro mensaje en la red social

Para los morados, resulta intolerable desde el punto de vista ideológico admitir a quienes tienen al menos dos viviendas -una de ellas alquilada- como personas a salvaguardar del impago. Pero en Moncloa insisten en que no queda más remedio que «comprometerse». «No tenemos mayoría para hacer el decreto que queremos. Los partidos que están en el extremo opuesto del espectro tienen que aprobarlo, por lo que tenemos que luchar para que lo acepten y esperar que lo hagan. No creemos que Podemos, que ha entrado en un callejón sin salida, se atreva a votar en contra y tumbar el decreto para que el 90% de las personas vulnerables sigan siendo desalojadas», afirma una fuente conocedora de las negociaciones en el seno del Ejecutivo.

Estas mismas fuentes recuerdan que Moncloa tiene la capacidad de repartir entre sus socios para que cada uno «gane sus particulares batallas». Cabe recordar que Podemos logró ganar la semana pasada la medalla por el decreto de regularización de la inmigración, uno de los grandes estandartes del partido. El Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dio el mérito del acuerdo al partido morado.

Y todo con el objetivo de darle aire en pleno ciclo electoral autonómico y en plena competencia con Sumar. Moncloa también espera que este gesto hacia Podemos destrabe otro compromiso socialista con los independentistas catalanes: la transferencia de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Precisamente, esa promesa fue la que permitió a Junts hace un año no tumbar el mismo decreto «ómnibus» del Govern.

Lo cierto es que por mucho que fuentes oficiales del Ejecutivo reiteren que la relación con Junts «está rota», los canales no están del todo cerrados. Es más, las fuentes consultadas creen que, llegado el momento, podrán facilitar la aprobación del decreto de escudo social aunque ayer dijeron que lo tumbarían. Bolaños ya está trabajando para ello. Cabe recordar que la renuncia del diputado de la El exministro socialista José Luis Ábalos dio al PSOE un voto más en la Cámara y rebajó el coste para el Gobierno de pactar con Junts.

Ahora, los socialistas no necesitan el voto afirmativo de los siete diputados encabezados por Miriam Nogueras, sino su abstención. No cambia mucho, pero sí lo suficiente en el marco de negociación como para que el PSOE tenga unos gramos más de fuerza. La ministra Bolaños lleva tiempo construyendo un marco de confianza con los socios del Ejecutivo para abrir un escenario que permita, al menos, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Tanto él como el vicepresidente primero, María Jesús Montero.se comprometen a lograr ese debate y a presentar las cuentas. Ambos, además, para fines personales. La propia Montero, candidata en Andalucía, necesita al menos presentar la ley más importante de su departamento. Y Bolaños, que lleva tiempo construyendo un perfil dialogante, necesita ganar relevancia en el PSOE, donde carece del control orgánico de una federación.

El presidente del Gobierno, que ha dado la orden de prorrogar la legislatura hasta 2027 pase lo que pase, continúa con su estrategia de intentar llegar a un acuerdo con una mayoría imposible. Las elecciones de Aragón, el próximo domingo, y las de Castilla y León, el 15 de marzo, son dos campos en los que el Gobierno intentará jugar su particular juego frente a sus propios aliados. Todo sea por conseguir éxitos con los que ocultar las crisis