Nicaragua sufre el único caso de desnacionalización masiva de personas en América Latina
El precio a pagar por defender los derechos humanos puede ser muy alto. A Edipcia Dubón se la expulsó de su país, Nicaragua, y se la desnacionalizó por la fuerza, un brutal proceso que el dictador Daniel Ortega ha extendido de forma masiva para atemorizar a todo aquel que ose denunciar los abusos del régimen sandinista.
Exiliada desde 2018, ahora ha sido acogida por el Programa Català de Protecció a Defensores i Defensors dels Drets Humans, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya cuya misión es apoyar al activismo humanitario internacional. Dubón atiende a EL PERIÓDICO.
Nicaragua ha vivido una deriva autoritaria bajo el yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo le ha afectado?
En Nicaragua hay una dictadura, una persecución masiva a todo aquel que piensa de manera distinta y no tiene una discriminación ni por sexo, ni por religión, ni por edad. Eso ha implicado que más del 10% de la población nicaragüense haya tenido que salir del país tratando de proteger su vida. Más de 200.000 nicaragüenses han llegado a Costa Rica buscando refugio. ¿Qué nos ha pasado? Que nos quitaron un país. Desde el 2018 yo no regreso a mi casa. Fui desnacionalizada en el año 2023, sentenciada como «traidora a la patria» junto a otras 452 personas. Nos aplicaron lo que se llama muerte civil.
¿Cómo funciona ese proceso de represión?
Te despojan de tu nacionalidad, anulan tus registros de nacimiento como si nunca hubieses nacido en Nicaragua, expropian tu bienes y anulan todos tus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales. También invalidan tus títulos académicos y bloquean tus cuentas bancarias. No tienes nada para demostrar lo que te han hecho. Es una violencia que se extiende a las familias.
La desnacionalización era una práctica completamente anulada, el último caso que se conocía era el de Orlando Letelier en Chile en 1970 (bajo la dictadura de Augusto Pinochet). El de Nicaragua es el único caso de desnacionalización masiva de personas en América Latina.
¿La desnacionalización se ceba con los grupos más débiles?
La desnacionalización afecta a distintos grupos. Entre un 30-40% de los casos son contra personas de entre 60 y 90 años, algunas con enfermedades crónicas o neurológicas severas, a las que les han robado sus pensiones y no van a tener oportunidad de tener empleos y recuperar lo que les han quitado. Otro grupo es el de las mujeres, que pueden ser mayores, estar en edad productiva o ser niñas.
En el caso de los menores, las afectaciones son de otro tipo. Si tu padre y tu madre no existen en los registros porque han sido desnacionalizados, ¿quién aparece en tu partida de nacimiento? ¿Quién firma tu permiso de salida del país? Hay casos de menores que tienen que salir del país, pero sin pasaporte ni ningún tipo de documento quedan como apátridas en un limbo. Según los registros del grupo de expertos de la ONU, hay 49 menores en esa situación.
¿Cargó el régimen contra usted porque formó parte de la oposición política?
La represión golpea no solamente a los que han tenido un ejercicio político. Han desnacionalizado a obispos, a periodistas, a empresarios, a campesinos, a profesores universitarios. En este país no tienes derecho a pensar distinto, a expresar tu diferencia. El régimen de Ortega nos utiliza como una forma de aleccionar al resto de la población. El sometimiento es a través de la violencia policial y el control social.
España le otorgó la nacionalidad.
Lo agradezco profundamente porque eso es lo que nos permite movilizarnos. Si no tuviera un pasaporte español no podría viajar porque soy prófuga de la justicia. ¿Y sin la nacionalidad española? Quedaría como apátrida. Tiene un valor incalculable, pero no es suficiente porque hay unos derechos legítimos que me han sido robados. Necesitamos justicia.
¿Cómo se puede debilitar al régimen desde el exilio y despojada de derechos?
Creemos que la ruta es cívica y pacífica y por eso creemos en los mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos. El establecimiento de un grupo de expertos de Naciones Unidas que va documentando todas las violaciones, demostrando que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad, para posibilitar la justicia en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional. Pero no es suficiente. Necesitamos la acción de los estados demócratas que asuman la responsabilidad de abrir las causas judiciales en esas instancias. Hasta ahora no hay ni un solo gobierno que se haya apuntado a acompañarnos.
¿Qué otros métodos aplican contra la disidencia?
La represión ha pasado por distintas etapas. Hoy hay 70 personas presas, que sepamos. Sus familiares tienen miedo de dar mayor información sobre ello porque están sujetos a tortura, a vejámenes de todo tipo. Han ido trascendiendo métodos como patrullas policiales que llegan a tu casa, te lo quitan todo y te expulsan a la frontera. Además, el régimen ha desmantelado todo el espacio cívico del país. Más de 4.000 organizaciones han sido cerradas y sus directivos han sido perseguidos mediante causas judiciales y la congelación de sus cuentas. Nicaragua se ha convertido en una finca donde el amo y señor es don Daniel Ortega y doña Rosario Murillo y donde todas las personas que viven en ese territorio están sometidas a su voluntad.
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