Organizaciones de derechos humanos condenan los ataques de EEUU y piden que Maduro sea juzgado en Venezuela
Rosa Elena González no podía dormir en la madrugada del sábado. La agitación y el insomnio venían del cielo y llegaba a la urbanización Rómulo Gallegos, en La Guaira, la ciudad marítima a unos 30 kilómetros de Caracas. El ruido de los aviones la arrancó del sueño. Pero una cosa son los estruendos y otra las bombas, y una de ellas alcanzó a su edificio, lindante de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Ese fue uno de los objetivos de las fuerzas estadounidenses durante la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El apartamento quedó completamente destruido. Rosa Elena González murió en el acto. Tenía 80 años y fue una de las numerosas víctimas del ataque sin precedentes en territorio venezolano. Las cifras de fallecidos son todavía confusas, tanto en lo que respecta a la población civil como a los militares que murieron por las balas del grupo comando. Se habla de más de 40 decesos. Los organismos de derechos humanos venezolanos, demonizados por el madurismo y objeto de una acusación sin fundamentos, la de ser una quinta columna del «imperio» que buscaba enlodar al Gobierno, no se demoraron en condenar la incursión armada y sus consecuencias.
[–>[–>[–>El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que la intervención de EEUU constituye «un grave precedente» en América Latina porque destruye «el sistema multilateral» de paz y seguridad. «Estos ataques en diversas ciudades del país han ocurrido en el contexto precedido de una inédita acumulación de fuerza militar estadounidense«. Según la oenegé, destacada por los meticulosos reportes sobre los sistemáticos actos represivos del Gobierno, «la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad» no puede provenir de la administración de Donald Trump. «Debe estar anclada en la noción de una sociedad democrática, justa y participativa».
[–> [–>[–>Rendir cuentas en Venezuela
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Por su parte, el colectivo Surgentes calificó la agresión militar estadounidense de un «acto colonial» y una vulneración del deber de abstención del uso de la fuerza, según el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. La pretensión de Trump de ejercer «derechos sobre territorio y recursos venezolanos» sobre la base de imponer «la ley del más fuerte» es a su vez un hecho «infame». Surgentes atribuyó la catástrofe a las élites políticas de ambos bandos: el madurismo, por «vulnerar la voluntad electoral del 28 de julio de 2024» y la oposición de derechas «por facilitar la injerencia estadounidense«. La crítica sistemática de ambos organismos a un Gobierno cuya legitimidad cuestionaron desde aquella jornada no les privó rechazar la «extracción» de Maduro y su esposa. El presidente raptado debe «rendir cuentas» en su país y no «en un juicio amañado en EEUU». A la vez pidió la convocatoria a elecciones y la liberación de los presos políticos.
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Temor a nuevas incursiones
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Amnistía Internacional se expresó en términos similares. A su vez alertó sobre el riesgo de una escalada violenta, ya sea por «nuevas operaciones estadounidenses» o por las respuestas del Gobierno venezolano a esos eventuales ataques. Instó a su vez a Washington a «priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad, incluido el debido proceso y un trato humano». Amnistía también llamó a las autoridades provisorias de Venezuela a abstenerse de intensificar la represión contra la población. Maduro y su entorno, subrayó, deben ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial, con el objetivo de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>La solicitud de Amnistía no parece haber sido escuchada. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el arresto de 14 periodistas en el marco de la ceremonia en la Asamblea Nacional (AN) donde Delcy Rodríguez juró como «presidenta encargada». A los profesionales se les revisó sus teléfonos y ordenadores, correos electrónicos y archivos en la nube». La primera presidenta de la historia de ese país sudamericano juró el cargo frente a su hermano, Jorge Rodríguez, la principal autoridad de la AN, quien, lejos al menos momentáneamente de sus alocuciones beligerantes, abogó por convertir a la legislatura en un «espacio para el diálogo», la unidad y la confrontación de ideas que permitan enfrentar los obstáculos y agresiones. Rodríguez dijo que ese llamado debería entenderse no como señal de «debilidad» sino de «grandeza». Su exhortación tuvo el sabor de una ironía.
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