¿pagan muchos impuestos los jóvenes?
La fiscalidad española es uno de los elementos que contribuye a aumentar la brecha intergeneracional, y ello, no solo por el mayor esfuerzo fiscal de la población más joven, sino, también por la ausencia de un marco tributario más favorable para facilitar la emancipación, el acceso a la vivienda o el emprendimiento. Esta es una de las conclusiones de la sesión sobre ‘La situación económica de los jóvenes en España’ promovida este miércoles por el Consejo de Economistas de España y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con el objetivo de abordar los factores estructurales que condicionan las circunstancias del tramo de población más joven, con especial atención a los retos en materia laboral, fiscal y educativa.
Estos tres tipos de retos «son condicionantes que pueden poner en cuestión la sostenibilidad del crecimiento económico en nuestro país. No es solo una cuestión de equidad intergeneracional, sino de eficiencia económica. Necesitamos esa savia nueva para mejorar la productividad de la economía», ha afirmado el nuevo presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Vázquez Taín.
La sesión -en la que también han participado el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente; el catedrático José Ignacio Conde-Ruiz; Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), y Mar Villares, secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE)- ha concluido con la necesidad de reorientar impuestos y gasto público a favor del futuro económico de los jóvenes.
Participantes en la sesión sobre ‘situación económica de los jóvenes en España’, organizados por el CGE y Fedea. / CGE y Fedea
¿Pagan muchos impuestos los jóvenes? ¿Qué impacto tiene la temporalidad y la precariedad laboral en la emancipación de la juventud? ¿Qué papel puede jugar la política fiscal para evitar la fuga de talento joven? ¿Qué brechas, riesgos y oportunidades abren la digitalización y la sostenibilidad? ¿Qué propuestas de reforma pueden ser válidas? Estas son algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa.
Según Raquel Jurado, “los jóvenes en España cuentan con ingresos notablemente inferiores a la media. En 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió un 45% menos que el salario medio nacional, según el INE. A pesar de ello, soportan una carga fiscal considerable, especialmente a través de cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de su renta al consumo».
Es decir, «no es que los impuestos sean más altos para los jóvenes, pero sí representan una mayor carga sobre unos ingresos que son menores», aclara Jurado. Según Eurostat, los menores de 35 años son el colectivo que dedica un mayor porcentaje de sus ingresos al pago del IVA (7,7 %), y la OCDE estima que el coste fiscal total sobre el empleo asciende al 40,6 % para un trabajador soltero sin hijos, en España.
Aunque muchos jóvenes no tributan por IRPF debido a sus bajos ingresos, sí asumen una carga significativa en cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan más a quienes destinan casi toda su renta al consumo, explica la representante del Reaf. «Además, buena parte del gasto público se orienta a financiar pensiones generosas, mientras los jóvenes cuentan con escasas ventajas fiscales y sin garantías de retorno futuro. Esto alimenta una creciente sensación de injusticia intergeneracional en la distribución de los recursos públicos”, añade.
Según Miguel Vázquez Taín, “a nivel nacional, la legislación fiscal específica para jóvenes es escasa y fragmentada, ya que solo existen algunas medidas implementadas por las comunidades autónomas, como incentivos puntuales en el IRPF, Sucesiones y Donaciones o vivienda, insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada».
Así, entre las reformas propuestas, el CGE y Fedea plantean crear incentivos fiscales al ahorro con fines como la emancipación o el emprendimiento, dirigidos exclusivamente a jóvenes con rentas bajas o medias-bajas, así como reforzar las ayudas a la crianza y a las familias con menores recursos y reducir el déficit estructural para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras.
«Los jóvenes en España afrontan una doble desventaja estructural: la pérdida del impulso demográfico que antes sostenía el crecimiento económico y una menor capacidad de influencia política debido al envejecimiento del electorado», ha señalado Conde-Ruiz. Según este catedrático de la Universidad Complutense, «el envejecimiento poblacional ha convertido el antiguo dividendo demográfico en un lastre», reduciendo el dinamismo económico: «En este nuevo contexto, la única variable con potencial sostenido de crecimiento es la productividad por hora trabajada, ya que ni el empleo ni las horas pueden aumentar indefinidamente. Sin embargo, el actual modelo económico destina una parte creciente del gasto público —el 30 %— a pensiones, mientras se infrafinancian políticas clave para los jóvenes, como educación, innovación, acceso a vivienda o I+D. Además, el elevado déficit estructural limita la capacidad de inversión a futuro».
Según Ángel de la Fuente, “el sistema actual de protección social presenta un sesgo muy importante hacia los mayores. El déficit contributivo del sistema de pensiones exige, cada año, grandes y crecientes inyecciones de recursos procedentes de impuestos generales, que amenazan con dejarnos sin margen para otras prioridades, incluyendo la educación, las políticas activas de empleo, las ayudas familiares, la crianza y la inversión pública en vivienda, tecnología y medio ambiente, que benefician más a los jóvenes. Este desequilibrio debería corregirse”.
Así, los economistas subrayan la conveniencia de incluir a representantes juveniles en foros clave como el Pacto de Toledo «para asegurar una visión más equitativa y sostenible en el sistema de pensiones». También reclaman mecanismos de diálogo institucional intergeneracional que garanticen que se tiene en cuenta el impacto normativo de las políticas públicas sobre los jóvenes.
Para la secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales, Mar Villares, “la combinación de una alta tasa de temporalidad del 60,5 % en los contratos de los menores de 30 años en 2024, unido a un salario medio de 1.558 euros brutos mensuales, que es un 27 % inferior al salario medio nacional, y que el 46 % de los jóvenes cuenten con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria; configura un entorno laboral precario que retrasa la emancipación”. Así, «esta combinación de inestabilidad, bajos ingresos y desajuste formativo prolonga la dependencia familiar y retrasa el desarrollo de proyectos de vida autónomos”.
Entre los principales retos identificados se encuentran: una elevada precariedad laboral -en 2024, el 60,5 % de los contratos a menores de 30 años fueron temporales, sumado a un 46 % en parcialidad involuntaria- y un acceso a la vivienda cada vez más limitado y gravoso. A ello se suman los desajustes persistentes entre la formación académica y las demandas del mercado laboral.
Entre la decena de propuestas realizadas por los expertos para llevar a cabo reformas estructurales para garantizar la integración económica y social de la juventud, se ha puesto sobre la mesa impulsar la formación profesional dual y universitaria, reforzar los contenidos educativos a favor de competencias digitales y transversales y mejorar la orientación profesional desde edades tempranas.
Los jóvenes analizan las ofertas de alquiler en el escaparate de una oficina de bienes raíces, en Santiago de Compostela. / EFE/ Xoán Rey
Con la vivienda en el foco, los expertos proponen aumentar la construcción de vivienda asequible en zonas de alta demanda mediante la liberalización de suelo disponible y una mayor colaboración público privada. También plantean ampliar las ayudas al alquiler para jóvenes con menor renta y facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos fiscales progresivos, incluyendo exenciones fiscales, deducciones estatales y esquemas de aval público, todos ellos dirigidos exclusivamente a jóvenes con menor capacidad de renta y ahorro.
En materia de empleo, se apunta la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil e impulsar un pacto de Estado por el empleo joven, con participación de los agentes sociales.
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí