El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, alzó la voz contra la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de financiación autonómica y exigió elecciones generales antes de avanzar con lo que considera un cambio importante decidido por los socios independentistas. «Prefiero elecciones antes de que avance un atropello de estas características y los separatistas decidan. Antes prefiero que hablen los españoles y que hablen claro», porque todos los españoles deberíamos tener una opinión sobre esto. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos”, afirmó en un acto en Ciudad Real.

Las palabras de Page se convirtieron en el centro del debate político en torno a una iniciativa que el Ejecutivo defiende como necesaria y que, sin embargo, ha abierto grietas en el seno del PSOE. La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda plantea un nuevo modelo de financiación que aumentará los recursos de las comunidades en casi 21 mil millones de euros en 2027, pero introduce el principio de ordinalidad para Cataluñauna fórmula que no se aplicará a todos los territorios.

Un modelo con contornos políticos

El Gobierno es consciente del carácter delicado de la cuestión. La reforma afecta a uno de los pilares del Estado autonómico y condiciona la distribución de recursos en los años venideros. La iniciativa fue rechazada tanto por el Partido Popular como por Junts, lo que complica su trámite parlamentario y obliga al Ejecutivo a defenderla comunidad por comunidad.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el proyecto destacando que el modelo actual «ya tiene 17 años“y que su actualización es imprescindible para perpetuar el Estado de bienestar”.No puede haber una plantilla personalizada «No es una comunidad autónoma, sino un sistema que se adapta y responde a las realidades dispares de la España autonómica», ha dicho durante una rueda de prensa. Montero negó que la propuesta favorezca a Cataluña, aunque reconoció que se respetará el principio de ordinalidad para esta comunidad, lo que la situaría como la tercera que más aporta y la tercera que más recibe.

La respuesta de los territorios

El Ejecutivo insiste en que el incremento global de los fondos beneficiará a todas las comunidades. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, planteó la pregunta que articula el argumento del Gobierno: «¿Quién se opondrá a recibir más fondos para las comunidades autónomas? En el caso de Canarias, recordó, el nuevo sistema esto supondría 611 millones de euros adicionales por año, una mejora que describió como «indiscutible«.

Sin embargo, este enfoque no convence a todos los barones socialistas. Page, que gobierna con mayoría absoluta, rechaza que el debate se limite al volumen total de recursos. “No importa si el pastel es más grande porque las piezas son más injustas. Se ha diseñado un territorio único«, ha declarado, antes de advertir de que la evolución hacia un sistema de ordinalidad representa «quizás el mayor ataque a la igualdad de los españoles».

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