Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno levantará la reserva sobre documentos vinculados al 23F. El presidente, Pedro Sánchez, anunció a través de la red social «La memoria no se puede guardar bajo llave» y las democracias deben conocer su pasado»para construir un futuro más libre«, subrayó.

La decisión será aprobada por el Consejo de Ministros y entrará en vigortras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de este momento, la documentación se podrá consultar en el portal oficial de La Moncloa, que permitirá el acceso a investigadores, medios de comunicación y ciudadanía.

El marco legal que lo permite

La desclasificación está respaldada por la Ley 9/1968, de Secretos Oficiales, que regula el régimen de clasificación y acceso a la información sensible del Estado. Esta norma establece que los documentos pueden permanecer confidenciales hasta máximo 50 añosexcepto aquellos considerados de vital interés para la seguridad nacional.

En el caso del 23F, 45 años desde que provocó el motín por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que irrumpió en armas en el Congreso durante la segunda votación de toma de posesión de Leopoldo Calvo-Sotelo. La fecha límite es dentro del margen permitido por la leyy la normativa establece que el Presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros pueden autorizar la desclasificación.

Además, la legislación establece que el interés histórico o público puede justificar el levantamiento del secreto cuando actualmente no existe ningún riesgo para la seguridad del Estado.

Una reforma pendiente

En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre información clasificada, ley destinada a sustituir la ley de 1968. El texto introduce plazos más definidos y fija una duración general máxima de 45 años, renovable por 15 años adicionales en casos justificados.

El proyecto también establece que el información relativa a violaciones o crímenes importantes de derechos humanos contra la humanidad no se puede clasificar. Sin embargo, siete meses después de su aprobación inicial, el tratamiento parlamentario sigue pendiente.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó que si la tramitación fuera rápida la nueva ley podría publicarse en el BOE. en el último trimestre del año y entrará en vigor en 2026. Por el momento, la reforma no ha completado su recorrido legislativo.

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