Miles de sicilianos salieron a las calles de Messina el sábado para expresar su rechazo de la construcción de un puente que unirá a Sicilia con la península italiana. Este ambicioso proyecto de infraestructura, valorado en 13.5 mil millones de euros (alrededor de 15,500 millones de dólares), tiene como objetivo ser uno de los trabajos de ingeniería más grandes de Europa, pero ha generado una fuerte oposición local por sus posibles consecuencias negativas.

Los manifestantes, estimados en alrededor de 10,000 personas, cantaron consignas como «el Estrecho de Messina no se puede tocar» y transportaron pancartas con el lema «No Ponte» (no el puente). La resistencia popular está motivada por la preocupación por el impacto ambiental que el puente podría causar, así como la amenaza de la actividad sísmica en el área y el miedo a la infiltración de grupos de la mafia en la ejecución del proyecto.

El puente, con casi 3.7 kilómetros en longitud total y una sección suspendida de 3.3 kilómetros, excedería el puente Canakkale en Türkiye y sería el puente colgante más largo del mundo. La infraestructura tendrá tres carriles en la dirección y un ferrocarril doble, que transportará hasta 6,000 vehículos y 200 trenes al día. Actualmente, cruzar el estrecho en el ferry puede durar hasta 100 minutos; Con el puente, se reduciría a solo 10 minutos en automóvil y poco más de dos horas en tren.

A pesar de las críticas, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, ha defendido firmemente el proyecto, describiéndolo como «el proyecto de infraestructura más grande en Occidente». Salvini señala que este trabajo generará hasta 120,000 empleos cada año y será un motor para el desarrollo económico del sur de Italia, una región que históricamente se ha quedado atrás del norte.

Además, el gobierno considera que el puente será estratégico para la defensa nacional y la rápida movilidad militar, clasificándolo como infraestructura de seguridad en línea con compromisos italianos con la OTAN para aumentar el gasto de defensa del 5%.

Sin embargo, no todos están convencidos. Más de 500 familias tendrán que abandonar sus hogares debido a las expropiaciones necesarias para la construcción. Los grupos ambientalistas también han presentado quejas ante la Unión Europea, argumentando que el proyecto amenaza a las aves migratorias y la biodiversidad local.

El debate sobre este puente ha sido recurrente desde 1969, con proyectos aprobados y cancelados varias veces. La administración actual del primer ministro Giorgia Meloni reactivó el plan en 2023, y recientemente una comisión gubernamental responsable de supervisar las inversiones estratégicas ha dado luz verde a avanzar.

Los trabajos preliminares podrían comenzar a fines de septiembre o principios de octubre, aún sujetos a la aprobación final del Tribunal de Cuentas italianas. La construcción completa está programada para comenzar en 2026 y terminar alrededor de 2032 o 2033.

El Presidente de Italia ha subrayado la necesidad de aplicar rigurosamente la ley de Antimaphia a este proyecto, y Salvini ha prometido que evitar la influencia criminal será una prioridad absoluta durante todo el trabajo.