por una política de vivienda que deje de apuntar solo al turismo
La vivienda, derecho esencial reconocido en nuestra Constitución, enfrenta una situación crítica en el oriente de Asturias. Llanes—con poco más de 13.500 habitantes—recibió el año pasado a más de 268.000 turistas, casi 20 por habitante según el INE. Este dato evidencia un desequilibrio que viene alimentado, en buena parte, por la falta de políticas públicas efectivas para garantizar viviendas asequibles, en especial para quienes trabajan y viven en la comarca.
El problema se repite en Ribadesella y Cangas de Onís, donde encontrar un alquiler a un precio razonable se ha convertido en misión imposible. Resulta paradójico: en esta misma zona se calcula que el 42% de las viviendas se encuentran desocupadas, y un 25% permanecen vacías permanentemente, mientras otro 17% se usan solo de forma esporádica como segundas residencias. Este desequilibrio no es fruto de la casualidad, sino de la ausencia de políticas que prioricen la vivienda como un bien social.
Durante la última década, Asturias no ha diseñado ni ejecutado planes eficientes que movilicen miles de viviendas hacia el alquiler asequible. Hasta ahora, la estrategia ha privilegiado el turismo masivo y la especulación inmobiliaria, en detrimento de la población local y quienes sostienen la economía de la zona a través de su trabajo. Para remediar la situación, apenas han existido políticas públicas de vivienda. El Principado lleva nueve años sin promover una oferta de vivienda pública a la altura de la demanda social.
La reciente modificación de la Ley de Turismo de Asturias ofrece, al menos, una luz de esperanza. Su objetivo es regular el auge de las viviendas de uso turístico (VUT) con medidas como la declaración de zonas turísticas protegidas y el requisito de contar con la autorización de las comunidades de propietarios. Estas acciones, ya probadas con éxito en otras regiones, pretenden atenuar la presión turística sobre el mercado inmobiliario local.
No obstante, hacen falta más medidas. Los impuestos específicos y progresivos sobre viviendas vacías y segundas residencias son una de las piezas clave. La Ley de Vivienda estatal ya autoriza a los ayuntamientos a aplicar recargos de hasta el 100% en el IBI para inmuebles desocupados por más de dos años, una herramienta que puede aliviar la escasez de alquileres asequibles en áreas altamente saturadas como Llanes, Ribadesella o Cangas de Onís.
El País Vasco ha demostrado el potencial de actuar con políticas decididas sin recurrir necesariamente a las sanciones. Allí, un programa público-privado gestionado por la empresa pública Alokabide (similar a Vipasa en Asturias) ha logrado introducir más de 7.300 viviendas vacías en el mercado de alquiler social, rebajando el coste público al reaprovechar el parque inmobiliario existente y ofreciendo garantías a los propietarios. Es un esquema de “palo y zanahoria” que muestra resultados muy notables y al que Asturias debería prestar más atención.
En la línea de esos modelos exitosos, el Gobierno del Principado ha reservado un millón de euros para el programa ‘Alquilámoste’, con el propósito de sacar viviendas privadas vacías al mercado mediante incentivos fiscales y garantías de cobro. Sin embargo, los detalles concretos de este plan todavía son escasos. Lo que se espera es una estrategia inspirada en Bizigune, la iniciativa vasca, y que incorpore un verdadero diálogo con las comunidades locales afectadas.
En ese aspecto, urge la participación de la ciudadanía en el diseño y gestión de las políticas de vivienda, como hace Barcelona con su plan participativo de vivienda 2025-2032. Incluir la voz de los principales afectados garantiza que la vivienda no se convierta en un mero negocio para unos pocos, sino que sea un derecho real para muchos.
Entre los grandes escollos destaca la falta de liderazgo y la ausencia de consenso político. Si no hay voluntad ni ambición suficientes, no se podrán emprender cambios estructurales. De ahí que se precise valentía: que las administraciones asuman sus responsabilidades y que la ciudadanía exija políticas que prioricen el bien común antes que los intereses especulativos.
La gentrificación no es un fenómeno inevitable: emana de un modelo que, con la legislación y la voluntad política adecuadas, se puede revertir. Es hora de exigir una política de vivienda centrada en el arraigo, en las familias trabajadoras y en la sostenibilidad a largo plazo de nuestros pueblos y villas. Se trata, en definitiva, de garantizar el futuro de Asturias asegurando que la vivienda sea un derecho y no un lujo o una pieza más en el engranaje del turismo masivo.
Por ello, instamos a los responsables del Principado, a las asociaciones vecinales y a toda la sociedad a liderar un cambio de rumbo con valentía. Acudamos a reuniones comunitarias, apoyemos a los colectivos activos en la defensa del derecho a la vivienda y presionemos para que se convierta en la máxima prioridad de quienes gobiernan. Solo así evitaremos que nuestras calles y plazas se vacíen de vida y se conviertan en meros escaparates para los visitantes.
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Marcos Fernández García es máster en Vivienda Pública por la Universidad del País Vasco.
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