Fue una reunión, según el líder del PP asturiano Álvaro Queipo, que debería «estar dentro de la más absoluta normalidad». Pero lo cierto es que no lo es. Se trata más bien una excepción, prácticamente la primera vez en más de 25 años que los sindicatos mineros (SOMA-FITAG-UGT y Federación de Industria de CC OO) se reúnen con los populares, para tratar temas «de interés común». Entre estas cuestiones, el del futuro de Hunosa, que las centrales empiezan a ver negro, como el carbón que sacó durante más de medio siglo. El revés judicial a los permisos de la central de La Pereda, que ahora mismo está en obras -55 millones de euros- pero no podría funcionar quemando biomasa y combustible sólido recuperado (el polémico CSR) preocupan, y mucho, a los sindicatos. También lo que consideran pasividad por parte del Gobierno del Principado de Adrián Barbón, y sobre, todo, por parte de la empresa pública, liderada por el exconsejero de Industria Enrique Fernández. Esta inacción es el pegamento que une a las partes. «Seguimos sin una hoja de ruta, tres semanas después de conocer la sentencia del TSJA», clamaba José Luis Alperi tras el encuentro.