España tiene un Problema grave en el mercado inmobiliario. Más allá del análisis del aumento de precios de las viviendas de compra y de alquiler, representa un problema incomparable en los países desarrollados la impotencia de los propietarios ante el fenómeno del oquitrán o la investigación.

Esta semana, los magistrados de las secciones penales del Tribunal Provincial de Barcelona acaban de acordar para que, en casos de ocupantes ilegales de vivienda, es decir, solo para esos casos y no para los de investigación, No se considera ningún delito de coerción El hecho de que los propietarios dejen de pagar los suministros de la casa al Okupa.

Los jueces dicen que «en caso de que el jefe de una granja ocupada o que haya sido objeto de búsqueda púrpura, no mantiene el registro de los suministros o el pago de ellos, No será constitutivo de un delito de coerción«, según el acuerdo firmado para este jueves el 7 de marzo.

Esta noticia implica alivio para los propietarios que, además de perder su hogar, son vistas obligado a mantener a los que lo han tomado ilegalmente. Sin embargo, ni la decisión es extrapolable para toda España, ni beneficiará a todos los afectados por las cuclillas, ya que, una vez más, las víctimas de la investigación que se les llama la SO permanece fuera del alcance de la misma.

Además, los jueces de Barcelona también, esta vez los de primera instancia acordaron el 12 de marzo para solicitar que los servicios sociales verifiquen en cada extensión la situación de vulnerabilidad alegada por los ocupantes ilegales sigue siendo el mismo, ya que algunos llevan Hasta cinco años viviendo a expensas de los propietarios.

Esta es una medida que las víctimas han estado reclamando durante mucho tiempo, porque consideran que aquellos que lucharon por un desalojo por un despido, por ejemplo, ya han podido encontrar trabajo desde entonces.

Por lo tanto, del Gobierno lo niegan, la Okupation dificulta la coexistencia y ataca directamente los derechos de propiedad sobre la vivienda. De hecho, en España hay alrededor de 80,000 viviendas de cobertizo (0.3% del total). Del mismo modo, en 2024 fueron registrados 16.426 hechos conocidos por búsquedaque representa un aumento del 7,4% en comparación con 2023. Por lo tanto, según los datos del Ministerio del Interior, los hechos conocidos por Allanamiento han crecido en un 12,34% desde 2019 y 63% desde 2014.

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