PSOE y Más Madrid solicitan cinco años de cárcel para la pareja de Ayuso, a la que imputan organización criminal por su fraude a Hacienda
PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular en la causa por fraude a Hacienda abierta contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, solicitan que se impongan al empresario cinco años de prisión, según el escrito de acusación provisional presentado este jueves y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La petición de pena incluye la inhabilitación para la gestión y administración de empresas durante el tiempo de la condena y multa de 27.000 euros
A los delitos continuados contable y de falsedad en documento mercantil, las acusaciones añaden el de pertenencia a grupo criminal que atribuyen tanto a Alberto González Amador como a los socios a los que la investigación penal imputa la confección de facturas falsas. La causa se abrió por un fraude de 350.000 euros del Impuesto de Sociedades por la actividad de su empresa Maxwell Cremona en los años 2020 y 2021.
Con respecto a este delito –del que no acusa la Fiscalía ni la Abogacía, que únicamente ven fraude en concurso con una falsedad documental– las acusaciones populares argumental que se comete por la pareja de la presidenta madrileña «al utilizar sus sociedades para cometer un delito de falsedad en documento mercantil, proporcionando facturas falsas a terceros, en este caso a Maxwell para que pudiera desgravárselas ilícitamente y defraudar con ellas el pago de impuestos, siendo el líder de este grupo y máximo beneficiario de este entramado Alberto González Amador».
El origen de la causa contra García Ortiz
Se trata del procedimiento criminal que, , al informar la Fiscalía sobre la propuesta de la defensa del empresario de un pacto para evitar el juicio, dio lugar a una causa en la que ha acabado procesado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de sus datos personales. Además de este asunto, investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 Madrid, González Amador tiene pendiente una segunda causa por varios delitos de corrupción por el uso de empresas pantalla y presunto cobro de comisiones relacionados con su actividad empresarial.
Para Maximiliano Eduardo Niederer, socio de la pareja de Díaz Ayuso, PSOE y Más Madrid tres años y cuatro meses de cárcel mientras que la misma pena se reclama para otros empresarios acusados de facilitarle la facturación falsa necesaria para cometer el fraude –-David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo–.
Testigos
Entre los testigos para el juicio, la acusación popular reclama a Fernando Camino, el director general de Quirón prevención cuya esposa vendió a González Amador una empresa sin actividad –Círculo de Belleza–por medio millón de euros que éste luego convirtió en Masterman Whitaker, una sociedad que la jueza número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, sospecha que era utilizada por el empresario para captar comisiones de la empresa de servicios sanitarios y como empresa pantalla para eludir sus obligaciones con Hacienda. También solicitan la citación en el juicio de Emilio Conde, director de Cuentas de esta filial de Quirón y del fiscalista Javier Gómez Fidalgo, que le asesoraba frente a Hacienda, entre otros.
En su escrito, en el que señala que no puede reclamar responsabilidad civil por lo defraudado, dados los límites que la Audiencia Provincial impuso a esta parte al respecto, PSOE y Más Madrid ven indicios claros de falsedad «que en este caso se extiende igualmente a los contratos firmados en aparente o simulado respaldo de las facturas elaboradas». Agregan que ello «no constituye un mero caso de falsedad ideológica (limitado al caso de incluir una mentira en un documento real) sino que alcanza el grado de una falsedad material de unos documentos que se crean ex novo con ánimo de aparentar un negocio jurídico completamente inexistente».
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