REBAJAS PARA LA INDUSTRIA | La gran industria asturiana tendrá en 2025 rebajas récord en la factura de la luz
Las empresas industriales asturianas intensivas en consumo de electricidad (como la siderúrgica ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, con gran peso en la economía regional) disfrutarán en 2025 de rebajas récord en el gasto eléctrico, y se beneficiarán, con las del conjunto del país, de decenas de millones de euros gracias a las compensaciones por el coste indirecto de emisiones de dióxido de carbono (CO2) –que alcanzarán 600 millones de euros a nivel nacional–, y al descuento que, un año más, obtendrán en los peajes de acceso a la red. Las ayudas se aplican en un momento delicado para la industria –la asturiana, la española y la europea–, atenazada por la caída de la demanda y por la fuerte competencia de potencias asiáticas, sometidas a regulaciones medioambientales menos gravosas.
El pasado lunes, en el último Consejo de Ministros del año y dentro de un decreto con varias medidas económicas, el Gobierno aprobó la prórroga durante 2025 del 80% de descuento en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para las citadas industrias. Se trata de una rebaja que el Ejecutivo puso en marcha en 2022, en un contexto de alta volatilidad de los precios energéticos, para potenciar la competitividad del sector fabril nacional. Desde entonces, el Gobierno la ha ido renovando año a año y, de nuevo, esta última prórroga tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. El Principado ha calculado que el descuento supone un ahorro superior a los 200 millones de euros al año para las electrointensivas de Asturias.
Mucho más cuantioso será el impacto de otra regulación muy demandada por el sector: las compensaciones por el coste indirecto de CO2. Las empresas industriales asumen dichos costes cuando consumen electricidad suministrada por compañías energéticas que, a su vez, emiten carbono en sus procesos de generación. Con el propósito de no pagar doblemente por la emisión de carbono (la de la electricidad que utilizan y la de su propia actividad fabril), las empresas industriales –como las siderúrgicas, cementeras, papeleras, alimentarias o químicas, entre otras– reciben desde hace años subvenciones gubernamentales.
En 2025 esas ayudas ascenderán a 600 millones de euros, según anunció recientemente el ministro de Industria, Jordi Hereu. Es una cifra inédita que duplica los 300 millones destinados en este 2024 que acaba y que se acerca al máximo de 850 millones permitido por la Unión Europea y reclamado por las patronales sectoriales. En los últimos años, estas subvenciones han mantenido una tendencia al alza (en 2018, cuando empezaron, fueron de 6 millones) y, según Hereu, el Gobierno «quiere mantenerlas en los próximos años».
Estas compensaciones se dirigen a empresas de aquellos sectores industriales expuestos a un riesgo de «fuga de carbono». Es decir, al peligro de trasladar plantas fabriles a otros países al no poder competir en igualdad de costes como consecuencia de la carestía de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, obligatorios en la Unión Europea y no en otras áreas económicas.
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Los proyectos de descarbonización fabril atraviesan momentos de incertidumbre en Asturias después de que Arcelor haya supendido la construcción de un horno de reducción directa de hierro en su factoría de Gijón. A esta renuncia se han sumado otras –como las plantas de biomasa de Central Lechera Asturiana y Reny Picot– que, aunque de menor envergadura, demuestran las dudas de las empresas sobre el entorno regulatorio medioambiental. n
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