El gobierno de Pedro Sánchez avanza en el concesiones a la independencia. Después de haber decidido «condonar» el 22% de la deuda de Cataluña contratada con la administración estatal general, el 28 de febrero se anunció que el gobierno de España y el generalitat de Cataluña han acordado «La implementación de un modelo de gestión compartida» Para el impuesto de registro.

De esta manera, la agencia fiscal de Cataluña (ATC) ejercerá competencias en la aplicación del impuesto por primera vez. Por lo tanto, puede usar la información, las aplicaciones informáticas y los procedimientos de los cuales se sirve la agencia fiscal para desarrollar sus funciones.

Específicamente, para ejecutar este modelo de gestión compartida se prevé diferentes fases que incluyen la designación de los funcionarios de la Agencia Fiscal de Cataluña y su capacitación, la implementación de acciones preparatorias, el desarrollo informático necesario para la gestión fiscal y, finalmente, la implementación de la gestión compartida.

De la misma manera, el gobierno y la generalidad acordaron mayor participación del ATC en la campaña de alquiler de 2024 y la implementación de un grupo de trabajo para analizar la creación de un consorcio de la generalidad del consorcio de paridad con respecto a las inversiones. De esta manera, este grupo estará compuesto por cuatro representantes de la administración estatal y cuatro de la Generalitat.

Deuda y servicios

Pero las concesiones a los independientes no se quedarán aquí. De hecho, en relación con la deuda, ambas administraciones han acordado Promover procedimientos e instrumentos legales necesario para llevar a cabo la reducción de 17,104 millones de euros de la deuda de generalidad con el Fondo de Liquidez Autónoma (FLA).

Además, en el campo económico, la transferencia al generalitat de 25.59 millones de euros también se incluye para Cubra la deuda pendiente con Renfe como un plan de acción de Cercanías del ejercicio 2024; El financiamiento de becas y la ayuda del estudio a través de una contribución anual del estado al generalitat de 2.1 millones de euros para cubrir el costo asociado con la gestión de becas, y la validez del grupo de trabajo que tiene que analizar el impacto de las regulaciones estatales sobre el costo de la provisión de servicios penitenciarios.