Los problemas judiciales de Nicolas Sarkozy tienen marcada en rojo otra cita en el calendario de hoy. El expresidente conservador vuelve a sentarse en el banquillo por la presunta financiación libia de la campaña presidencial que le llevó al Elíseo en 2007. Se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión, cinco años de inhabilitación para cualquier cargo político y 375.000 euros de multa. Lo hace apenas tres semanas después de confirmar su histórica condena de tres años de prisión, uno de los cuales deberá cumplir luciendo un brazalete electrónico por corrupción y tráfico de influencias. La Justicia confirmó a mediados de diciembre del año pasado que el expresidente y su abogado Thierry Herzog sellaron un «pacto de corrupción» en 2014 con Gilbert Azibert, juez del Tribunal de Casación, con el objetivo de obtener información sobre otro de los casos que afecta al expresidente francés.

Si esa condena ya era histórica para un presidente de la Quinta República, el proceso judicial que Sarkozy afronta a partir de hoy lunes no lo será menos. Nunca antes un presidente francés se había sentado ante un tribunal para afrontar acusaciones de financiación ilegal de una campaña política, y este caso sorprende aún más porque detrás había otro país, Libia, y la mano de un dictador, Gadafi. , cuyos días terminaron en medio de una intervención militar en la que París tuvo un papel protagonista en 2011. Una oscura red internacional calificada por muchos en Francia como un «escándalo de Estado» sobre la que la Justicia quiere arrojar luz en las investigaciones que se están llevando a cabo. llevar a cabo durante las próximas semanas.

Las sospechas sobre Sarkozy y su equipo están respaldadas por testimonios como el del intermediario franco-libanés Ziad Takieddine, que afirma que entre noviembre de 2006 y enero de 2007 entregó el dinero para financiar la campaña de Sarkozy a su jefe de gabinete, Claude Guéant. Lo llevó, entre tres viajes diferentes, en una maleta llena de billetes de 500 y 200 euros, según el portal Mediapart. La versión oficial es que el dinero era un pago de Libia al Ministerio del Interior francés a cambio de la formación de agentes libios. «Dejemos que Sarkozy devuelva el dinero que aceptó de Libia para financiar su campaña electoral», afirmó Saif Al-Islam Gaddafi, hijo del líder libio, en 2011.

Sarkozy reforzó sus contactos con Gadafi en 2005, después de que la ONU levantara las sanciones a este país. Era un momento en el que otros líderes europeos buscaban recuperar el contacto con este país después de años de aislamiento diplomático. Mientras era ministro del Interior, Sarkozy se reunió con el líder libio en Trípoli. Interrogado por los jueces y la policía, el intérprete no reveló el contenido de la conversación entre Sarkozy y Gadafi, alegando secreto profesional. La victoria electoral del entonces líder de la derecha francesa en 2007 intensificó la luna de miel con un dictador que hasta años antes había sido un paria internacional, acusado de financiar el terrorismo contra países occidentales.

Mucho se escribió en aquella época sobre esa relación que tuvo su clímax, quizás porque fue criticada y bochornosa, cuando Gadafi visitó París e instaló su tienda de campaña en un palacio junto al Elíseo. Posteriormente la relación se deterioró y Sarkozy promovió una intervención militar en Libia. No hubo ningún líder occidental más beligerante hacia Libia en ese momento. Un giro sorprendente debido a su relación meses antes y que está en el centro de las investigaciones que se llevan a cabo. Y fue entonces cuando varias figuras del régimen, liderado por Gadafi, comenzaron a amenazar con revelar el «grave secreto» de los supuestos pagos a la campaña del entonces ministro. La intervención militar precipitó la caída del régimen, la posterior muerte de Gadafi y un conflicto que ha convertido al país en un foco de inestabilidad en la orilla sur del Mediterráneo, considerado por muchos un Estado fallido.

Tras su condena el pasado mes de diciembre, Sarkozy anunció a través de su abogado que recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos «para obtener la garantía de los derechos que los jueces franceses le han negado». El problema para el expresidente es que este recurso no impide ejecutar las penas impuestas. La única buena noticia para Sarkozky en todo este laberinto judicial con causas entrecruzadas es que el próximo 28 de enero cumplirá 70 años y a partir de esa edad podrá pedir la libertad condicional. Una medida que, sin embargo, no siempre se concede.