Venezuela lleva años ocultando a un gran número de etarras que huyen de la Justicia española para evitar pagar las consecuencias penales de los crímenes terroristas y homicidas que cometieron en nuestro país.

Según LA RAZÓN, hay un total de 30 ex miembros de ETA que siguen prófugos en el extranjero.

De ellos, 23 han encontrado refugio en América Latina y el resto residen en Francia como una forma de evitar enfrentarse al banquillo de la Audiencia Nacional o, en su defecto, a los barrotes de la prisión.

De quienes eligieron destino latinoamericano, la mayoría, el 65 por ciento, se esconden en territorio venezolano, con la complicidad de las autoridades que no han hecho nada para extraditarlos, pese a los pedidos de su entrega.

Es decir, cinco de cada diez miembros del grupo terrorista que aún se encuentran prófugos han encontrado refugio en este país en su operación para evitar pagar por el derramamiento de sangre cometido. Hay 15 de estos miembros de ETA.

Cuando en 2021, hace sólo cinco años, rondaba la mitad, entonces la tendencia se ha acelerado y, como si de un efecto llamada se tratase, una tras otra se han ido decantando por las aguas del Caribe como las más idóneas para evitar la actuación de los jueces españoles. En ello ha tenido mucho que ver la consideración, por la fuerza de los hechos, de que el régimen venezolano es el que mejor los acoge.

Ahora, el fin de la era de Nicolás Maduro como presidente del Gobierno chavista, abre la puerta a que delincuentes como Ignacio De Juana Caos paguen sus deudas con la Justicia, quien fue miembro del «comando madrileño» y durante un tiempo pasó sus días regentando una licorería en la localidad venezolana de Chichiviriche.

Esta lista de buscados de ETA en Venezuela se completa con nombres tan sanguinarios como los de Asier Guridi Zaloña, alias «Gari»; José Arturo Cubillas, que ha ejercido como líder del aparato de ETA fugados en todo el mundo, o José Luis Eciolaza Galán, conocido como «Diente Puto».

Ante esta ventana de oportunidad, también ha metido la mano en el asunto Dignidad y Justicia (DyJ). La asociación de víctimas del terrorismo que encabeza Daniel Portero -hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, cuya vida fue arrebatada por la organización terrorista vasca en 2000- ofrece hasta 5.000 euros de recompensa a quien pueda dar información sobre el paradero de alguno de los miembros de ETA que siguen prófugos.

Tal y como ha detallado DyJ a este diario, los datos facilitados se envían directamente a la Policía, a la Guardia Civil y también a los servicios antiterroristas. Y son ellos quienes valorarán si las pistas enviadas son o no de interés y valor para la investigación.

En ningún caso la información es archivada por la entidad, que la transfiere a través del buzón de contacto permanente que mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De hecho, Portero asegura que en D&J ya han localizado el paradero de «más de una decena de etarras» que siguen cobijados por una Venezuela ahora en manos de Delcy Rodríguez y, presumiblemente, bajo el liderazgo de Estados Unidos.

«DyJ no dejará de actuar, con más esfuerzo ahora si cabe, en todos los casos que mantiene abiertos para conseguir que los tribunales pongan fin a esta impunidad que se prolonga durante demasiado tiempo. Es una excelente oportunidad para que las víctimas finalmente tengan justicia”, explica el presidente de la asociación en declaraciones a este diario.

Esta campaña, ahora reactivada, bautizada como #StopHuidosETA se puede ver en su página web, que incluye carteles de los etarras prófugos incluidos, con foto, nombre y apellidos, y una clara advertencia de que «buscan» seguir sus pasos para completar su detención.

Venezuela es el punto del mapa donde tienen la mirada más fija. Al final, como señala Portero, es «el país que ha acogido a la gran mayoría de los terroristas que han huido de la justicia en los últimos años bajo la protección, primero, de Hugo Chávez, y luego de Maduro».

Su territorio -lamenta- ha servido de centro de operaciones para la organización de los aparatos de fuga de ETA repartidos por el mundo.

Visas y cargos públicos en el Estado chavista

Se sabe que el Gobierno venezolano no tuvo problemas en conceder visados ​​y facilitar pasaportes a etarras. E incluso, como informó entonces «El Confidencial», con Nicolás Maduro en el poder, Xabier Arruti Imaz, a quien en 2015 se le atribuyó el liderazgo del núcleo del grupo terrorista en este Estado, fue colocado en una filial de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Anteriormente, Arturo Cubillas estuvo en nómina de organizaciones como el Instituto Nacional de Tierras y la Corporación Venezolana de Alimentos. Fue reclamado por los tribunales españoles por ser el presunto vínculo entre ETA y las FARC.