El Tribunal Supremo ha anulado otra de las autorizaciones aprobadas por el Gobierno de Cantabria para eliminar lobos en varios municipios, al considerar que la Administración autonómica no justificó suficientemente la inexistencia de otras soluciones para evitar los daños al ganado, ni acreditó que la medida no afectaría al estado de conservación de la especie. La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Lesmes, coincide con otras anteriores redactadas en los mismos términos respecto a autorizaciones en varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, y consolida una línea jurisprudencial que obliga a las comunidades a extremar el rigor cuando autorizan la muerte de ejemplares. Debe ser siempre la «última solución», y aplicarse solo cuando hayan fallado las demás medidas preventivas.