Para afrontar esta grave amenaza, avanzó “tres medidas que propondrá a todos los líderes europeos en la próxima reunión formal del Consejo que tendrá lugar en Bruselas”. Unas medidas que calificó de ‘audaces’.

En primer lugar, “acabar con el anonimato en las redes sociales, porque está allanando el camino a la desinformación, al discurso de odio y al ciberbullying, al uso de ‘bots’, y a que las personas actúen sin tener que rendir cuentas de sus actos. hechos.»

La segunda propuesta es “forzar la apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales, de una vez por todas… para que puedas examinar el funcionamiento de las redes sociales sin limitaciones”.

La tercera y última propuesta es “que los CEOs (directores generales) de las redes sociales sean personalmente responsables del incumplimiento de las leyes y regulaciones en sus plataformas”.

Dudas y desambiguación

Dado que en su discurso el presidente del Gobierno dice algunas cosas de forma ambigua, creo que es necesario, como hace Wikipedia, comentar algunas de sus declaraciones para ‘desambiguarlas’ y resolver posibles dudas.

1. Anonimato y seudonimato

El presidente del Gobierno admite que los usuarios pueden utilizar seudónimos si lo desean, pero, en caso de delito, las «autoridades públicas» deberían poder relacionar estos seudónimos con personas reales y exigirles responsabilidades».

Esto ya está hecho, porque, en la investigación de un delito cometido a través de las redes sociales, los jueces (y sólo los jueces, y no otras ‘autoridades públicas’) pueden solicitar que se levante el velo del seudónimo para identificar al culpable. .

Por eso las comparaciones no parecen comparables: “nadie puede andar por la calle con mascarilla en la cara, ni conducir un coche sin matrícula”, porque, precisamente, un seudónimo es una mascarilla y tenemos derecho a úsalo.

Así queda reflejado en la Carta Española de Derechos Digitales (apartado IV), que el propio Gobierno impulsó, aprobó y el presidente del Gobierno presentó en 2021, además de ser un derecho moral del autor históricamente reconocido (art. 14 LPI).

La novedad que propone el presidente es “obligar a estas plataformas a vincular cada cuenta de usuario a un registro europeo de identidad digital” y eso es algo que ni siquiera está previsto en el Reglamento Europeo de Identidad Digital (eIDAS2).

2. Transparencia algorítmica

Respecto a la “apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales”, como dice el presidente, ya está contemplada en la ‘Ley’ o Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), que «tiene que aplicarse en su totalidad».

De hecho, tal y como establece la DSA, los algoritmos tanto de moderación como de recomendación de contenidos (y publicidad) deben ser revisados ​​por el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT), con sede en Sevilla.

Lo que no dice el presidente es que el 16 de diciembre de 2024 España fue citada por la Comisión Europea por no haber puesto aún en marcha la autoridad nacional que debe hacer cumplir el Reglamento de Servicios Digitales.

Pero el problema no es sólo -ni siquiera principalmente- tecnológico (cómo unos contenidos son suprimidos o priorizados sobre otros por los algoritmos de cada red social), sino también ideológico (con qué criterios se hace) y legal (derechos fundamentales).

¿Quién decide qué mensajes constituyen desinformación o discurso de odio, y si necesitan ser «moderados»? ¿La Comisión Europea? ¿Gobiernos nacionales? ¿Redes sociales? La propia DSA les dio un gran poder para hacerlo.

3. Responsabilidad de las redes sociales

Las redes sociales nacieron bajo el principio de exoneración de responsabilidad sobre el contenido de sus usuarios (Communications Decency Act de 1996 en EE.UU. y Electronic CommerceDirectiva de 2000 en la UE).

Las redes sociales, originalmente, eran plataformas digitales neutrales en las que los usuarios intercambiaban contenidos libremente, en ejercicio de su derecho a la Libertad de Expresión, y eran los únicos responsables de lo que decían.

Las redes sociales no eran consideradas medios (como los periódicos, la radio o la televisión), porque no tenían una línea editorial ni competencias editoriales para decidir qué se publicaba y qué no en ellas.

Pero eso ha cambiado con los años, y ya no se puede decir que sean neutrales, a menudo alentados por los propios gobiernos a moderar contenidos que NO son ilegales. Por tanto, es necesario repensar su régimen de responsabilidad.

La novedad de la propuesta del presidente del Gobierno es que los propietarios o directores generales (directores generales o ejecutivos) de las redes sociales sean personalmente responsables del incumplimiento de las leyes y normativas en sus plataformas.

Conclusiones

1. Este no es un problema tecnológico; Es un problema ideológico y, sobre todo, jurídico de Derechos Fundamentales: según nuestra Constitución (art. 20.4), el único límite a la Libertad de Expresión es la Ley.

2. Las redes sociales siguen teniendo la obligación en el Reglamento de Servicios Digitales (art. 6) de eliminar contenidos ilícitos, si tienen conocimiento efectivo de ellos. Y son responsables (y pueden ser multados) si no lo hacen.

3. Las redes sociales NO tienen la obligación general de monitorear o buscar activamente actividades ilícitas (art. 8), aunque sí deben evaluar los riesgos sistémicos (art. 34) y adoptar medidas para reducirlos (art. 35).

4. La DSA da ‘carta blanca’ a las redes sociales para ‘moderar’ contenidos que sean ‘incompatibles con sus condiciones generales’ (art. 3.t), aunque éstos no sean ilegales. Lo cual va en contra del derecho a la Libertad de Expresión.

5. La única responsabilidad personal que se podría exigir a los propietarios o directores ejecutivos de las redes sociales (como ya pasó con el director general de Telegram en Francia), es si no eliminan contenidos ilegales o no colaboran con la Justicia.