Sumar plantea pedir una mesa de coalición de Gobierno tras romper el PSOE el acuerdo fiscal al votar contra el impuesto a las socimis
El acuerdo firmado entre PSOE y Sumar para impulsar una reforma fiscal se convierte en un escollo entre los socios de Gobierno de coalición después de que los socialistas pasaran de comprometerse a impulsar una serie de medidas la semana pasada a oponerse en el Congreso a esas mismas propuestas siete días después. El Grupo Socialista votó el lunes contra la inmensa mayoría de las enmiendas acordadas con Sumar en la caótica Comisión de Hacienda; entre ellas la encaminada a eliminar el régimen fiscal especial de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (socimis), la que suprimía la exención del IVA a las primas de los seguros sanitarios privados o la creación de un impuesto a los bienes de lujo. La posición del PSOE ha descuadrado al espacio de Yolanda Díaz, que en privado muestra su malestar por lo sucedido y que espera que los socialistas rectifiquen su posición el jueves en la votación del Pleno, donde se volverán a votar las enmiendas. De no ser así, coinciden distintas fuentes, desde Sumar deberá plantearse una respuesta al ala socialista del Gobierno, sin descartar la petición de una reunión de seguimiento de la coalición.
En el documento remitido por Sumar y PSOE el lunes de la semana pasada, poco antes de la primera convocatoria prevista de esta Comisión de Hacienda que fue después postergada, se incluían propuestas como la de «suprimir el régimen fiscal especial de las socimis que sólo tributan el 1% en el Impuesto de Sociedades», «eliminar la exención de las primas de seguros privados sanitarios» o «desplegar el estatuto del artista para dar cumplimiento a la fiscalidad especial que requiere el mundo de la cultura». Estas propuestas, que Sumar había plasmado en enmiendas, fueron este lunes rechazadas por el PSOE.
El inesperado giro de los socialistas en la votación, que se produjo ya entrada la noche del lunes, pilló desprevenidos a los portavoces de Sumar en la comisión, que en un primer momento no cayeron en la cuenta de la traición de su socio y sólo una vez vistos los resultados advirtieron que el PSOE se había apartado de distintas enmiendas presentadas por Sumar que se habían pactado con los socialistas.Según relatan desde el grupo parlamentario, al principio se pensó que se trataba de un «error» por parte del socio mayoritario de la coalición, y así se lo advirtieron a los diputados del PSOE que allí se encontraban. Aunque hay quien se mantiene en esa tesis, los recelos han aumentado conforme pasaban las horas y hay quien sospecha que el principal motivo por el que los socialistas se habrían opuesto a acabar con los beneficios fiscales de las socimis es la amenaza de dos importantes compañías inmobiliarias, Merlin y Colonial, de sacar su sede de España en caso de que se aprobara esta reforma.
Díaz apela a la institucionalidad
En la misma madrugada del lunes, nada más conocerse la posición que había adoptado el PSOE por sorpresa, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue informada de la situación y hubo cierto debate en el partido. Ahí se decidió mantener posición institucional, al menos hasta el jueves, donde confían en que los socialistas rectifiquen respecto al lunes y apoyen las propuestas pactadas con Sumar. La propia Díaz, entregada a su labor de Gobierno tras abandonar sus tareas orgánicas en su partido, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, son partidarios de comedir las críticas hacia el socio mayoritario de coalición, con los que comparten asiento en el Consejo de Ministros.
La fragilidad que ha exhibido al Gobierno estas horas es lo que ha llevado a Sumar a evitar hacer causa por este asunto, al menos en un primer momento, ante el asedio que ya padece el PSOE desde los distintos frentes de sus aliados parlamentarios. Una posición de la que también culpan al PSOE, por lo que consideran una errática estrategia de negociación, pactando primero con Junts antes que son sus aliados de la izquierda.
Y pese al debate que hubo desde un primer momento en Sumar, el caos de las votaciones desvió el foco a otras cuestiones, tras los acuerdos y contra-acuerdos que sacó el Gobierno con sus distintos socios. Y el desplante del PSOE con Sumar terminó pasando desapercibido, entre los centenares de enmiendas que se sometieron a votación. La negociación in extremis del PSOE, que pactó con Junts y PNV dejar caer el impuesto a las energéticas, llevó a que Hacienda lanzara otro acuerdo con ERC, Bildu y BNG en la madrugada del lunes, en el que se comprometía a recuperar el impuesto que previamente se había comprometido a suprimir. A cambio, se aseguraba los votos para salvar en comisión la ley, que corre serio riesgo de caer en el Pleno de este jueves, ante la amenaza de Podemos de tumbar una norma que no incluye el impuesto a las energéticas.
Aunque públicamente se ha optado por el silencio, el malestar es patente en Sumar, tanto a nivel partido como en el grupo parlamentario. «Estamos muy enfadados», resume un dirigente por lo sucedido en las votaciones. Esta situación viene de antes, ya desde el acuerdo alcanzado con PNV y Junts, de corte conservador, para dejar atrás un impuesto extraordinario a las energéticas que ya estaba en el acuerdo de coalición firmado en octubre de 2023 entre PSOE y Sumar. «Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar», recogía aquel documento. Más allá de este incumplimiento, en el socio minoritario del Gobierno no comparte las formas de negociación que ha llevado a cabo el Ministerio de Hacienda, que en este proceso ató primero los votos de sus aliados por la derecha sin tener asegurado el flanco izquierdo.
Fragilidad de Sumar
La situación es delicada para el socio minoritario de coalición, que se encuentra en un momento de especial fragilidad, en plena recomposición tras las distintas crisis internas -la última a causa del caso Errejón- y que trata de elegir sus batallas. En esta cuestión, de momento, apela a la cautela. Quiere evitar a toda costa proyectar una imagen aún mayor de debilidad de un Gobierno de coalición que ya atraviesa horas bajas, con la falta de una mayoría parlamentaria que se ha hecho estos días más evidente que nunca.
En paralelo se está llevando a cabo además una negociación presupuestaria, con la idea de que el Gobierno pueda llevar en diciembre las cuentas de 2025 al Congreso. Pero el paquete fiscal tiene una importancia vital, y los impuestos que no queden aprobados no podrán negociarse para los Presupuestos, que sólo puede crear figuras impositivas si hay una ley que le habilita para ello. Es por ello que confían en que el PSOE cambie sus posiciones y vote a favor de las medidas ya pactadas. Aunque lo cierto es que tampoco existen las garantías de que estas medidas vayan a salir adelante el jueves, debido a las diferencias entre los socios parlamentarios del Ejecutivo.
En Sumar confían en que el PSOE rectifique, pero ya comienzan a valorar cuál debe ser la respuesta a su socio de Gobierno en caso de consumar su ruptura del acuerdo fiscal. Una ruptura que dejaría a los de Díaz en una posición aún más débil dentro del Gobierno. Aunque la vicepresidenta se opone al «ruido» y las críticas públicas a los socialistas, lo cierto es que en Sumar son conscientes de que deben mostrar su rechazo a la posición adoptada por el PSOE para tratar también de diferenciarse. Distintas fuentes parlamentarias y del partido apuntan a que la respuesta podría llegar el jueves, vía comparecencia, y no descartan la convocatoria de una mesa de seguimiento de la coalición.
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La primera y última reunión de la comisión de seguimiento de la coalición llegó en mayo, después de que Yolanda Díaz la reclamara para relanzar la coalición y «dotar de contenido» el «punto y aparte» anunciado por Pedro Sánchez tras su periodo de reflexión de cinco días. En aquel encuentro se creó un grupo de trabajo para impulsar medidas de «regeneración democrática» que se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado septiembre. Pero también hubo un compromiso de una mayor coordinación que, a la vista de los hechos, no ha tenido cumplimiento alguno.
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