ABC ya adelantó tras las primeras amenazas de Trump que la Casa Blanca estaba estudiando castigos dirigidos a productos españoles concretos para sortear la integración de España en un sindicato europeo.

Esta decisión de hacer una lista se produjo después de que Trump ordenara al secretario del Tesoro, Scott Bessent, detener todo comercio con Españaincluidas las visitas turísticas, ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a comprometerse con el objetivo de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

«El Tesoro trabajará con USTR y Comercio para facilitar al presidente un menú de productos españoles que pueden verse afectados en los próximos días», afirmó ese funcionario, sin ofrecer más detalles por el momento.

Esto no es un embargo aprobado ni de una ruptura total del intercambio bilateral, sino de una fase más avanzada: identificar sectores, productos y medios legales para castigar a España sin abrir necesariamente una guerra comercial generalizada con toda la Unión Europea.

Fuentes consultadas por ABC ya señalaron como posibles objetivos las energías renovables, el sector agroalimentario y los componentes industriales, y advirtieron de que las palabras de Trump «son reales, no son sólo retórica». Un alto funcionario estadounidense explicó entonces que el debate se había prolongado durante meses en el Consejo Económico Nacional y el USTR.

En el caso actual, los sectores más expuestos serían los sectores agroalimentarios.aceite de oliva, vino, quesos curados y frutas elaboradas—, junto con componentes industriales vinculados a la automoción, el transporte ferroviario o la energía eólica. El aceite de oliva español tiene en Estados Unidos uno de sus principales mercados fuera de la UE. Los vinos de Rioja y Ribera del Duero también dependen en parte del comprador norteamericano. Una medida selectiva contra estos productos tendría un impacto económico limitado para EE.UU., pero un impacto político y sectorial visible y perjudicial en España.

Amenaza real para los productores

Trump subió aún más el tono este miércoles durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Ante el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, calificó a España de «causa perdida» y «terrible socio». «España es un pésimo aliado en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. «No queremos tener nada que ver con ellos», dijo el presidente estadounidense.

El reproche se dirige en primer lugar al gasto en defensa. España elevó su inversión militar hasta el 2% del PIB en 2025, cumpliendo por primera vez el objetivo marcado por la OTAN en 2014. Pero Sánchez rechaza asumir el nuevo compromiso del 5% para 2035 impulsado por Trump y sostiene que España puede cubrir las capacidades militares que requiere la Alianza con una inversión equivalente al 2,1%. Para Washington, ese argumento equivale a una negación política. Para Moncloa, se trata de una decisión soberana compatible con la pertenencia a la OTAN.

La tensión va más allá del presupuesto militar. Trump también ha expresado su malestar con España por no haber autorizado el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones estadounidenses vinculadas a la guerra contra Irán. En la Casa Blanca, esa decisión reforzó la idea de que el Gobierno de Sánchez no actúa como un aliado fiable en momentos críticos. En Moncloa, en cambio, se defiende que el uso de estas bases debe ajustarse a los acuerdos bilaterales, al marco jurídico español y al contexto internacional.

Sánchez intentó paliar la crisis desde Ankara. Aseguró que había tenido una conversación informal con Trump y que no hubo tensión. Según el presidente del Gobierno, hablaron del Mundial y el tono fue cordial. También defendió que las relaciones entre España y EE.UU. siguen siendo «muy positivas» y pidió recibir las declaraciones de Trump «con calma y paciencia».

El argumento central de Moncloa es que la política comercial corresponde a la Unión Europea, no a cada Estado miembro. Sánchez recordó que España forma parte del mercado común y que Washington no puede tratarla como si fuera un país aislado fuera del bloque europeo. Además, destacó que España tiene un déficit comercial con Estados Unidos, lo que implica que una ruptura total perjudicaría también a las empresas americanas.

Pero la Administración Trump busca precisamente fórmulas para concentrar el daño en España sin romper formalmente todo el marco comercial con Bruselas. Entre los precedentes se encuentran la aceituna negra andaluzaya castigada en anteriores disputas comerciales, y las torres eólicas españolas, sujetas a aranceles por acusaciones de competencia desleal. Ambos casos demostraron que Washington puede diseñar medidas con un impacto directo en sectores específicos de un país europeo.

La vía legal no está cerrada. Trump podría intentar recurrir a instrumentos de seguridad nacional o emergencia económica para justificar restricciones comerciales, aunque tendría que argumentar que la conducta de España afecta a la seguridad, la política exterior o la economía de Estados Unidos. Sería una decisión agresiva, jurídicamente discutible y probablemente impugnada por Bruselas. Pero encaja con el patrón de Trump: utilizar el comercio como instrumento de presión política incluso contra los aliados.

La Comisión Europea ya ha recordado que el comercio entre la UE y Estados Unidos está profundamente integrado y que defenderá los intereses de todos los Estados miembros. Este apoyo permite a Sánchez refugiarse detrás de Bruselas, pero no elimina el riesgo de represalias selectivas. La pregunta ahora no es sólo si Trump quiere castigar a España. Se trata de qué productos tendrás sobre la mesa y hasta dónde estás dispuesto a llegar.

La subida viene en un momento muy delicado de la relación bilateral. España sigue siendo un socio estratégico de EE.UU. por las bases militares, la cooperación antiterrorista, la presencia empresarial y la relación transatlántica. Pero Trump ha convertido el gasto en defensa y la actitud de Sánchez dentro de la OTAN en una prueba de lealtad. La lista preparada por el Tesoro, Comercio y el USTR será la primera traducción concreta de esa irritación política.