El empresario desglosó el diferencial de costes que soporta un profesional que actúa dentro del sector marco regulatorio contra quienes lo hacen al margen de la ley. Según su presentación, si bien un operador no declarado podría solucionar el incidente por un precio cercano al cincuenta euros, La factura de una empresa establecida asciende a Noventa y cuatro euros con treinta y ocho céntimos.

Esta diferencia, explicó, se debe a la necesidad de impacto en el precio final partidas como los dieciocho euros correspondientes al Seguridad social y los gastos estructurales del negocio, además del margen empresarial y el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido.

Distorsión del mercado y tentación del consumidor

La reflexión lanzada por Canales no se limitó a la queja sobre la presión fiscal, sino que también planteó un dilema moral y práctico que afecta directamente a la decisión del consumidor final.

«Al final, ¿qué hacemos nosotros como consumidores? ¿Somos todos legales y contratamos la empresa legal o nos decantamos por otra cosa?«, cuestionó ante los asistentes, evidenciando cómo el diferencial de precios actúa como un poderoso incentivo para desviar la demanda hacia el circuito informal.

En este contexto, el empresario vinculado directamente el auge de la economía sumergida con la estructura de gravámenes que gravan la actividad comercial visible, afirmando que “si tal vez los impuestos no fueran tan altos, no acudiríamos al mercado clandestino”.

Pese a la dureza de su diagnóstico, el propio Canales quiso dejar constancia de su compromiso personal con la legalidad vigente, asegurando que él mismo cumple con el pago del IVA y con todas las obligaciones formales correspondientes.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de la espiral inflacionaria aplicada a tasas e impuestos, destacando que «a medida que los impuestos estan subiendo muchoLos costos comerciales de productos y servicios son cada vez más caro«.