Un impuesto ‘reforzado’ del 20% a grandes propietarios para financiar vivienda pública
La proposición de ley que prepara el PSOE para «controlar el impacto de los grandes propietarios en el mercado de la vivienda y garantizar su contribución al acceso a la vivienda social» incluye establecer un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) «incrementado al 20%» para todos los inmuebles adquiridos por «aquellas personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas urbanas de uso residencial o bien de una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados destinada a uso residencial» al que se unirá otro 20% adicional si la casa se compra para destinarla al alquiler vacacional.
Pero aún hay más, según confirma el portavoz del grupo socialista, Sebastián Franquis: establecer un tipo incremento de Actos Jurídicos Documentados del 3% «para la venta de paquetes de viviendas por parte de fondos de inversión con intereses hoteleros en Canarias».
Con la recaudación obtenida, el PSOE propone en este texto legislativo que registrará de inmediato en el Parlamento crear un «fondo para la construcción y adquisición de viviendas protegidas y libres, de bajo coste, administradas por los instrumentos públicos de vivienda del Gobierno de Canarias».
Esta penalización impositiva a grandes propietarios se combina con una «reducción del gravamen al 1% en el ITP de viviendas que se adquieran para destinarlas a alquiler de viviendas con precios asequibles» y la modificación de la tarifa de este impuesto para que las primeras viviendas con valor inferior a 300.000 euros de personas que residan en ellas no paguen el ITP, frente a la situación actual donde abonan entre un 5% y un 6,5%.
Vivienda por vivienda
Es lo que Franquis considera una mezcla entre «establecer una contribución justa y sustancial de los grandes tenedores y favorecer a los canarios y canarias que quieran adquirir una vivienda, reequilibrando así la justicia en el acceso a un hogar digno».
«Queremos impulsar el principio ‘vivienda por vivienda’ de forma que, si se saca una casa del mercado se contribuya a construir otra y, a la vez, establecer medidas tributarias para que las grandes operaciones de fondos de inversión agresivos sobre las infraestructuras hoteleras contribuyan al desarrollo social y económico de las Islas en tanto dichas plusvalías tienen un escaso o nulo gravamen en el Archipiélago y queremos que contribuyan a la sostenibilidad económica de nuestro territorio», afirma Franquis.
Con estas medidas, los socialistas creen que se podrá luchar contra un fenómeno estructural que va unido al encarecimiento del alquiler, la escasez de vivienda asequible y el auge del alquiler vacacional: que en Canarias «existen más de 104.000 viviendas en manos de grandes propietarios, lo que está produciendo el traslado de viviendas residenciales al mercado de la vivienda vacacional creando grupos hoteleros basados en dicha tipología residencial».
Principales objetivos de la propuesta
Reequilibrar el mercado mediante la bajada de gravamen a inmuebles «para vivir», y el incremento para «viviendas para especular o influir en el mercado».
Supervisar la cantidad de viviendas que manejan los grandes propietarios y sus usos para comprobar si están destinadas al arrendamiento, vivienda vacacional o vacías y, en caso de apreciarse comportamientos de alteración del mercado poder aprobar medidas correctoras.
Crear un registro obligatorio de grandes tenedores para tener un mayor control y transparencia sobre la concentración del mercado y facilitar la intervención pública si es necesariopara garantizar que no alteran los precios del mercado.
Regulación de precios del alquiler en áreas donde el acceso a la vivienda está especialmente restringido.
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