La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial atraviesa uno de los momentos más delicados de la historia democrática española. Por primera vez hay dos jueces que investigan casos sensibles para la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso, las acusaciones de injerencia de la Moncloa surgen desde el poder judicial cada vez que Sánchez y sus ministros insinúan que hay jueces que hacen política. Los disparos de cañón son fuertes. Se puede decir que la guerra está en su apogeo. Sin embargo, el Ejecutivo apunta hacia un cierto «sector inmóvil».

En cualquier caso, el clima de desconfianza institucional ha convertido a los tribunales en un campo de batalla partidista. Lo que llama la atención políticamente es que lejos de optar por la contención, el Gobierno ha decidido avanzar contra viento y marea para transformar la Justicia como nunca se había hecho en décadas. El encargado de llevarlo a cabo es Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Bolaños es una figura peculiar dentro del Consejo de Ministros. No desata grandes pasiones en el seno de la parroquia socialista, dominada por la militancia más ultra. Tampoco tiene intención de disputar el liderazgo interno dentro del PSOE. Así que si tuviéramos que definir el papel de Bolaños en la Moncloa habría que decir que es un político que intenta tender puentes con todos aquellos que vomitan bilis cuando se acuerdan del presidente del Gobierno.

Da igual si están en la oposición, en el seno del Estado o en la retirada del PSOE. «Bolaños es un buen político y la verdad es que tiene un interés real en preservar las instituciones», dice alguien que le ha tratado dentro del PSOE. Entender el papel del ministro es clave, porque permite explicar por qué Bolaños es fundamental para que Sánchez se mantenga en el poder. El Ministro de Justicia es jurista de formación, pero político por convicciones.

Es el encargado de traducir en normativas las decisiones estratégicas del Gobierno, incluso cuando estas pasan por el corazón de la institucionalidad del Estado. La gestión de Bolaños al frente del Ministerio de Justicia coincide con uno de los momentos políticos más tensos de la historia del país. Y eso es lo que provoca que cualquier reforma de la Justicia esté condenada a ser leída en clave defensiva por los togados del país. Pero a Bolaños no le importa. Es más, ha elegido el camino opuesto: sin pausas, sin esperas.

La agenda que impulsa desde su departamento no es temporal. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la transformación de la plantilla judicial, la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, el «fortalecimiento» del Ministerio Público y la digitalización integral del sistema judicial constituyen una reestructuración sin precedentes. Se trata de un reformismo amplio, diseñado para perdurar si acaba viendo la luz. Pero es, sobre todo, un reformismo que altera los equilibrios históricos entre el poder político y el Poder Judicial.

Bolaños está dispuesto a asumir el coste que otros evitan en Moncloa. El ministro no suaviza el conflicto; lo administra, ya que se enfrenta a buena parte de las asociaciones judiciales, cuyo consenso sabe que es inalcanzable. Por eso Bolaños quiere avanzar sólo con la mayoría disponible en la Cámara, la que dio confianza al presidente del Gobierno hace poco más de dos años. En el PSOE hay quien ve a Bolaños como un «tecnócrata sanchista» que trabaja en la piel de un político.

En verdad, cada reforma impulsada por su departamento va envuelta en un lenguaje de modernización, eficiencia y homologación europea, pero lo cierto es que todas juntas constituyen una profunda mutación del sistema judicial español. Bolaños no legisla contra jueces concretos, pero lo hace en un contexto en el que la Justicia se ha convertido en un problema para Sánchez. Y así lo admiten fuentes de su equipo.

Ésta es la razón por la que el ministro intenta dejar su huella no simbólica, sino normativa. Su éxito depende de si el ciclo de Sánchez se consolida o se derriba si la derecha llega al poder. Si ocurre lo primero, Bolaños seguirá siendo el arquitecto silencioso de un nuevo equilibrio institucional. Pero si los españoles, cuando haya elecciones, hacen saltar por los aires los cimientos de los últimos siete años, Bolaños pasará a la historia como el ministro que decidió reformar la Justicia justo cuando se juzgaba al poder y sus sombras.

El ministro, que sabe que sus compañeros de Moncloa están olvidados y que la historia sólo recuerda a los jefes del Ejecutivo, está decidido a hacerse un nombre.

El alcance de la ofensiva reformista se mide en números. En 2025, el Consejo de Ministros aprobó dos leyes consideradas esenciales por el Ejecutivo: la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal -la primera gran revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 40 años- y el proyecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituye a la vigente desde 1882. A ellas se suma la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada definitivamente en diciembre de 2024 y cuya tercera y última fase entró en vigor el 1 de enero. transformando 3.800 juzgados unipersonales en 431 juzgados de primera instancia.

La reforma penal es el núcleo más sensible. El nuevo proyecto LOECrim, aprobado en octubre de 2025 y en tramitación parlamentaria, traslada la investigación de los casos al Ministerio Público, crea la figura del juez de garantía y redefine la acusación popular, excluyendo partidos políticos, sindicatos, personas jurídicas públicas y entidades dependientes de ellos.

Para sostener este cambio, el Gobierno también ha reformado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La reforma de acceso a las carreras judiciales y fiscales prevé la mayor convocatoria de plazas de la historia reciente: casi 1.500 por oposición y oposición entre 2025 y 2027 (360 por oposición y 120 por oposición cada año), a lo que se suma un proceso extraordinario de estabilización de 1.004 jueces y fiscales suplentes –673 jueces y 331 fiscales, con un 80% mujeres–, hasta alcanzar 2.500 nuevas plazas en tres años. La norma también ampara por ley las becas SERÉ, que en 2025 alcanzaron un récord de 1.290 beneficiarios y más de 15 millones de euros de inversión pública.

El despliegue se completa con una intensa agenda de digitalización. Los reales decretos-leyes de modernización han consolidado los procedimientos telemáticos y la Carpeta de Justicia, utilizados habitualmente por 561.984 ciudadanos en 2025. Hace un año entraron en funcionamiento todos los nodos de interoperabilidad administrativa, que permitieron compartir más de 513.000 datos y 186.000 expedientes entre juzgados y otras administraciones.

El nuevo Registro Civil digital, ya implementado en todo el territorio –incluidas embajadas y consulados– permite obtener certificados de forma inmediata. A esto se suma la creación, en junio de 2025, de 50 plazas para jueces y 42 para fiscales para las secciones de violencia contra las mujeres. Todo este despliegue normativo y presupuestario se promueve en paralelo al choque con buena parte del poder judicial y en un contexto de máxima presión judicial sobre el entorno del presidente Pedro Sánchez, que convierte cada cifra y cada reforma en datos políticamente cargados de simbolismo.