El documento, además, plantea que la oficialidad de catalán, euskera y gallego entre en vigor desde el 1 de enero de 2027 pero, añade, aplicando de inmediato una «derogación» por la que sólo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, es decir, menos del 3% de los actos jurídicos que la UE produce en un mandato, según las estadísticas de la última legislatura.

A falta de un plan detallado de cómo aplicar en la práctica el paso de 24 a 27 lenguas oficiales, España apunta que «en los próximos meses» y «antes de que se aplique el acuerdo» se coordinará con las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para «no aplicar o reducir gradualmente» la derogación prevista en el reglamento para cada una de las tres lenguas.