El segundo vicepresidente y ministro de trabajo, Yolanda Díaz, confirmó esta semana en el Senado que el Gobierno de Pedro Sánchez planea introducir cambios significativos en la ley de prevención laboral, actualmente en la fase de negociación con los agentes sociales. Específicamente, mencionó la intención de modificar el umbral desde el cual una empresa debe tener sus propios servicios de prevención, Ubicado hoy en 500 empleados.

Durante su discurso, Díaz avanzó su nueva persecución contra las empresas. Esta vez, el objetivo es que todos ellos, independientemente de su tamaño, tengan una figura de prevención delegada. Es decir, Incluso aquellos con un solo trabajador de trabajo Tendrán que tener una persona mínima para esta función, con los costos directos que esto significaría para el tejido comercial más pequeño del país.

Según la propia ley, el servicio de prevención se resume en el «conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de actividades de prevención, y para el servicio de prevención de otros proporcionados por una entidad especializada que concibe con la empresa la realización de las actividades de prevención, el asesoramiento y el apoyo que requiere basado en los tipos de riesgos o ambas acciones juntas».

El anuncio ocurrió en respuesta a una pregunta por parte del senador de EH Bildu, Idurre Bideguren, quien criticó que solo el 10% de las evaluaciones de riesgos ocupacionales en España se llevan a cabo con su propio personal, mientras que el 90% restante cae a servicios subcontratados externos, en contraste con el promedio europeo que está igualmente ubicado en el 90%, pero con servicios internos.

Bideguren también enfatizó las dificultades de las pequeñas empresas para cumplir con los requisitos de prevención de riesgos ocupacionales, debido a la escasez de personal especializado y sus limitaciones económicas, dijo. «El 60% de los accidentes de trabajo graves y mortales ocurren en empresas con menos de 25 trabajadores», dijo, reclamando un papel más alto en la administración.

Por su parte, Díaz reconoció que La privatización de los servicios de prevención «no es efectiva» y defendió la necesidad de modernizar la legislación actual para tratar los accidentes laborales. En 2024, un total de 796 personas perdieron la vida en su trabajo. «Vamos a hacer que estos datos vuelvan a suceder en España. Nadie puede morir en el trabajo en el siglo XXI», concluyó el ministro.