El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo prepara un Real Decreto para «proteger la calidad» de la Formación Profesional. Iniciativa que busca poner límites a la apertura y funcionamiento de centros privados que, a juicio del Gobierno, no ofrecen «garantías suficientes».

El decreto, cuya consulta pública se lanzará en los próximos dos meses, establecerá normas de exigencia y control para quienes imparten formación profesional. El movimiento llega en un momento de fuerte crecimiento de la demanda, especialmente en la red privada, y reproduce el esquema del conocido Decreto «anti-chiringuitos» aprobado en 2025 para universidades privadas.

«Vamos a proteger la calidad de la Formación Profesional. Al igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes», defendió Sánchez durante un acto sobre formación profesional, en el que también anunció la creación de diez nuevos Centros de Excelencia a lo largo de 2026así como la ampliación de la red de Centros Nacionales de Referencia en sectores estratégicos.

El anuncio se produce en un contexto en el que la Formación Profesional vive una expansión sin precedentes. Según los datos que maneja el propio Ejecutivo, Más de 1,2 millones de jóvenes estudian actualmente formación profesional en España, con un catálogo de más de 12.000 ofertas formativas y tasas de inserción laboral cercanas al 90%, que llegan prácticamente al 100% en algunas ramas industriales.

Este crecimiento, sin embargo, no ha sido absorbido únicamente por la red pública. Según un reciente informe de CCOO Enseñanza, publicado el 23 de enero por EL ESPAÑOL, uno de cada cinco estudiantes de FP ya estudia en centros privados, proporción que se eleva hasta cerca del 40% en comunidades como el País Vasco y la Comunidad de Madrid.

El sindicato sitúa el peso de la formación profesional privada en el 21% durante el curso 2025-2026 y Estima que alrededor de un tercio de la oferta total de Formación Profesional ya está en manos de centros de titularidad privada. Para CCOO, esta evolución es una «mala noticia», al considerar que contribuye a la segmentación social y a una reducción de la calidad del sistema.

‘Clonado’ del universitario

La respuesta del Gobierno recuerda al Real Decreto aprobado en 2025 para endurecer los requisitos de las universidades privadas, especialmente después del aumento de la demanda de maestrías en línea. Aquella norma, bautizada por el sector como decreto «antichiringuitos», fue duramente criticada por las universidades privadas, que la interpretaron como un freno ideológico a su crecimiento.

Ahora, el Ejecutivo traslada ese mismo enfoque a la Formación Profesional, en un momento en el que la FP ya no es una opción secundaria. «La FP ya no es un plan B. Para muchos jóvenes es el plan A de su vida», ha subrayado Sánchez, que ha defendido la necesidad de «establecer un orden» para garantizar tanto la calidad como la equidad en el acceso.

«El futuro de un joven no puede depender de dónde nace ni de cuánto ganan sus padres», insistió el presidente, que pidió un aumento de la inversión pública en FP: de 187 millones de euros en 2018 a más de 1.200 millones actualmente, con más de 7.000 millones movilizados desde la llegada del PSOE al Gobierno. Según informó el Ejecutivo en el acto de presentación.