En marzo de 2001, Nevenka Fernández denunció al alcalde de Ponferrada (León) por un delito de acoso sexual. Casi 25 años después, un Avalancha de denuncias contra hombres poderosos de distintos partidos muestra que en 2025 la violencia sexual sigue presente en organizaciones de todos los bandos políticos.

La ruptura del silencio entre las víctimas de violencia sexual ha provocado despidos, dimisiones y expulsiones de distintos cargos y perfiles en el PSOE, el PP o Vox. El caso del socialista Paco Salazarun estrecho colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha supuesto una crisis importante para un partido que lleva el feminismo como bandera, y que también se ha visto afectado por la escándalo de audio de prostitución de José Luis Ábalos y Koldo García.

Problemas en las filas socialistas

Fue en verano, justo el día que se iba a celebrar el Comité Federal del PSOE, cuando salieron a la luz en Eldiario.es denuncias contra el entonces secretario de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno, Paco Salazar.

El político iba a ser nombrado diputado a la Secretaría de Organización del PSOE, nombramiento que no se produjo, y Fue cesado de sus funciones en Moncloa. Sin embargo, cinco meses después, el mismo medio publicó que las denuncias de las dos víctimas había desaparecido del canal interno del PSOE.

Este asunto, que el partido atribuyó a una cuestión informática, desató una tormenta dentro y fuera de las filas socialistas. Diferentes políticos del PSOE, como Adriana Lastra o Andrea Fernández, Alzaron la voz para criticar esta gestión y los responsables de igualdad, convocados por Pilar Bernabé, se reunieron en dos ocasiones para abordar la crisis.

El partido concluyó que la conducta de Salazar equivalía a «una falta muy grave» y fue puesto a disposición de las víctimas, en caso de que quisieran acudir a la justicia. Tras el caso de Salazar han surgido otros que implican a hombres socialistas.

El PSOE investiga dos denuncias de acoso sexual y laboral contra el número dos de los socialistas valencianos alcalde de almusafes (Valencia) y el miembro de la ejecutiva regional, Toni González. Tras ser denunciado por acoso sexual, José Tomé ha dimitido como presidente de la Diputación Provincial de Lugopero no ha dejado la alcaldía de Monforte de Lemos (Lugo) ni ser diputado provincial, aunque sí ha sido suspendido de la militancia.

El PSOE también ha suspendido su afiliación y ha abierto un expediente contra antonio navarroconcejal y secretario general del PSOE de Torremolinos después de que la Fiscalía incoara diligencias por un presunto acoso sexual a otro concejal socialista del ayuntamiento.

Él alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha dimitido de todos sus cargos tras conocerse información sobre un posible caso de acoso a un trabajador a través de mensajes sexuales en 2023.

Además, el partido ha abierto oficialmente un expediente informativo al senador y miembro de la Ejecutiva socialista. Javier Izquierdoquien renunció a todos sus cargos. No hay denuncias internas sobre posible acoso sexual, aunque el PSOE conocía algunas informaciones periodísticas que así lo apuntaban.

Y cinco concejales del PSOE de Barbadás (Ourense) decidieron abandonar el grupo de gobierno que encabeza el alcalde Xosé Carlos Valcárcel Doval después de que este se negara a entregar su acta pese a que se lo pidió la dirección del PSOE tras surgir una denuncia.

Dada la magnitud de la tormenta política, El propio Pedro Sánchez tuvo que reconocer que se han cometido erroresaunque defendió que se tomaron medidas desde el primer día que «se dio a conocer» y que el PSOE ha sido el partido que ha afrontado el problema del acoso y los abusos «con total transparencia, con absoluta contundencia, fomentando y protegiendo todas las denuncias».

El mensaje tanto del Gobierno como de Ferraz es que el machismo es estructuralOcurre en todas las organizaciones, pero el PSOE sí actúa contra ello. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostuvo que abordar estos casos de acoso será «un ejemplo para otras partes» que también viven estas situaciones, pero carecen de protocolos y no dan facilidades a las víctimas para denunciar.

Casos en el PP

Desde el PP se han mostrado muy críticos con su adversario político, pero Las denuncias de acoso sexual también han surgido en las filas populares.. El senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluceha suspendido temporalmente su militancia en el PP y ha pasado al Grupo Mixto de la Cámara Alta después de que el PSOE le denunciara ante el Tribunal Supremo por acoso sexual.

Él alcalde de jerica (Castellón) está siendo investigado por un juzgado por dos Delitos de agresión sexual contra dos menores mayor de edad y ha sido cesado por el PP de la militancia y como asesor de la Diputación Provincial. En junio, el concejal de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, dimitió tras ser imputado por los tribunales por el delito de agresión sexual.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, conocía la noticia desde febrero y abrazó públicamente a Villares tras su renuncia. Por su parte, en Vox, el máximo responsable de Redes y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, Javier Esteban, abandonó la formación tras ser denunciado por acoso sexual a una menor.

Una violencia silenciada

Este mismo año, el 25 de noviembre, la propia Nevenka Fernández -que logró que un político fuera condenado por primera vez por acoso sexual- alzó la voz en el Congreso de los Diputados por todas las víctimas «que no pueden hablar» y pidió «más mecanismos que ayuden a denunciar la violencia de forma segura».

A partir de 2022, Los partidos deben tener un protocolo para «prevenir, detectar y combatir la violencia machista»: «Se debe denunciar y se tomarán acciones para concienciar a sus miembros.

Periódicamente se evaluará y revisará el funcionamiento y aplicación de los procedimientos establecidos en el protocolo”, estipula la ley de garantía integral de la libertad sexual. El Código Penal castiga el acoso sexual con penas de prisiónlos cuales se agravan si quien comete el acoso aprovecha una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica.

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