En su campaña de desprestigio contra las grandes marcas de nuestro país, el Gobierno ha decidido señalar directamente a una de las empresas más importantes de España, líder en el sector de la distribución: Mercadona. En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado un multa de 30.000 euros a la empresa por la supuesta denominación y etiquetado incorrecto de un tipo de pan especial comercializado bajo la propia marca de la cadena de supermercados.

La sanción pone así punto final al expediente abierto por la Dirección General de Consumo tras una denuncia interpuesta en 2024 por Facua-Consumidores en Acción. Al respecto, el Ministerio detalla en un comunicado que el presuntas violaciones detectadas Afectan tanto a la denominación del producto como a la información incluida en el etiquetado y a la presentación visual del envase.

Mercadona estudia recurrir

Así, la resolución impone tres sanciones de 10.000 euros cada una. El primero corresponde al nombre incorrecto del pan especial en relación al porcentaje de harina integral utilizado en su preparación. Por su parte, la segunda multa responde a la ausencia en el etiquetado de los datos de contacto de la empresa encargada de comercializar el producto. Según Consumo, sólo aparecieron los datos de la empresa fabricante, pero no los de Mercadona como distribuidora y propietaria de la marca con la que se comercializa el alimento.

Finalmente, la tercera sanción se debe a que el Ministerio considera que la presentación del embalaje podría inducir a error sobre el cantidad real de grano entero utilizado en el producto. Asimismo, además de la sanción económica, la resolución incluye una medida accesoria que obliga a la empresa a corregir el incumplimiento detectado en el etiquetado y presentación del producto.

En cualquier caso, Mercadona se plantea recurrir la resolución. Desde las agencias de comunicación se informa que, según fuentes de la empresa, la cadena de distribución no comparte la decisión del Ministerio y Se plantea recurrir la sanción.

De esta forma, la empresa sostiene que el producto «contiene información obligatoria para el consumidor»tanto en lo relativo a la composición e ingredientes como sobre el responsable del producto, “de conformidad con la normativa aplicable”. Asimismo, la cadena de supermercados también ha defendido el trabajo de sus proveedores. «Nuestros proveedores trabajan para que todos los productos ofrezcan a los clientes una información clara, completa y veraz», destaca la empresa.

Así, Mercadona cuenta ahora con una período de dos meses desde la recepción de la resolución de interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.