Un empleado con más de cuatro décadas de antigüedad en una administración pública ha recibido el apoyo de la justicia después de ser señalado injustamente por un compañero de clase, quien lo acusó en dos ocasiones de acoso sexual sin ninguna evidencia que lo respalde. el numero de frase 217/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabriarepara el daño moral y reputacional sufrido por el trabajador y muestra el efecto devastador que las acusaciones falsas tienen sobre el dignidad del pueblo.

La primera acusación fue presentada en junio. 2023. En un escrito de varias páginas, la denunciante relató una serie de situaciones que, según su versión, trazaron un patrón de persecución y comportamientos invasor por su pareja. Habló de correos electrónicos inapropiados, miradas intimidantes, seguimiento e incluso gestos obscenos junto a su escritorio de trabajo.

El detonante de esta ofensiva fue el empeoramiento de una mala relacion que se remonta a 2020 y que explotó cuando ambos ellos compitieron para el mismo puesto en un proceso de estabilización del empleo. La demandante, que era empleada temporal, vio cómo la demandante, un trabajador fijo con mayor antigüedad, se presentaba al concurso, lo que interpretó como un obstáculo deliberado para su futuro.

La peregrinación de los acusados

La reacción de la administración fue fulminante y determinar el daño moral sufrido por el trabajador. Sin escuchar al acusado ni verificar la existencia de indicios, la protocolo contra el acoso y se le informó de un traslado cautelar inmediato. Mientras disfrutaba de sus vacaciones, la noticia corrió como pólvora a través de las dependencias del organismo.

A su regreso, el trabajador, con una trayectoria impecable Desde 1982, estuvo recluido en un pequeño cubículo en un edificio anexo, más de dos kilómetros desde su posición original. La exposición pública fue total, y entre los compañeros comenzó a planearse la implacable sombra de la duda con frases como “algo debe haber hecho”. El golpe emocional fue de tal magnitud que al día siguiente le dieron el alta por ansiedad, iniciándose un tratamiento psicológico que se prolongaría durante meses.

Mientras tanto, un equipo de formación externo analizado la denuncia y concluyó categóricamente que no existía ni un solo indicio de acoso sexual o de género. Se descubrió que los correos electrónicos proporcionados como prueba de acoso eran en realidad prácticas comunes en el departamento, como bromas internas o envío de fotografías en eventos festivos, y que la relación entre ambos era inexistente durante años, incluso a nivel profesional.

La denuncia había surgido de una conflicto interpersonal ajenos a cualquier comportamiento sexista. La medida cautelar fue levantada y el trabajador devolver a su centro, pero la reputación ya estaba empañada.

Una segunda mentira y la verdad de las cámaras de seguridad

Con el expediente archivado, en enero de 2024, el mismo colega presentó un segunda denuncia. En esta ocasión aseguró que la trabajadora, aprovechando que estaba sola en un piso aislado, había deambulado por el pasillo haciendo comentarios. intimidante y refiriéndose a ella con un insulto vejatorio.

Las cámaras de seguridad del edificio desmintieron categóricamente la versión del denunciante: el empleado ni siquiera había subido a la planta donde ella estaba. Las imágenes mostraron que su visita se limitó a la entrega de algunos calendarios sindicales en el lobby, desmontando por completo la nueva acusación.

El fallo califica este procedimiento como conducta de extrema gravedad. «…Si después de toda la investigación ni siquiera se han acreditado las pruebas, se trata de denuncia falsa», enfatiza el fallo.

Se destaca que usar Este tipo de mecanismo de protección para ajustar cuentas personales destruye la reputación de los inocentes y trivializa el sufrimiento de las verdaderas víctimas.

Aunque un instructor propuso una sanción ejemplar de dos años de suspensión de empleo y salario Para el denunciante, la administración redujo la pena a apenas dos meses, un gesto que, según el tribunal, incrementaba la vulneración del honor del afectado al minimizar el daño causado.

la compensación de 42.500€ reconoce así el intenso impacto psicológico, el miedo a realizar su trabajo y el rechazo social que sufrió un hombre que, según concluye el tribunal, fue víctima de un “conducta constitutiva de delito”.