Imagina vivir con toda tu familia en una habitación. Cuatro personas apretadas en un espacio tan pequeño que apenas pueden moverse, compartir una casa y un baño con otras 11 personas. Y lo peor de todo: pagar 700 euros por mes por un cuchillo. Esto es La dura realidad de muchas familias migrantes en EspañaEso enfrenta una explotación creciente por parte de los propietarios que aprovechan su situación irregular.

Camas abarrotadas, ropa y comida acumuladas, y tan poco espacio que el simple hecho de caminar se convierte en una misión imposible. En una de estas habitaciones, Beatriz, su esposo y sus hijos adolescentes intentan sobrevivir, en un apartamento donde otras 11 personas viven juntas.

«Muchas veces Tenemos que orinar en un palangana porque solo hay un baño«, le dice a Lasexta Beatriz, quien denuncia la falta de higiene mínima y condiciones de privacidad.

El abuso no termina aquí. En solo un año, Su arrendador ha subido el precio de alquiler tres veces. «Quería subirlo a 700 euros y le dije que no podía asumir esa cantidad. Como no tenemos documentos, creo que el Señor quiere aprovecharnos», denuncia Beatriz, haciendo visible una de las formas más comunes de explotación inmobiliaria en el país.

Verónica, otra víctima de esta situación, vive con su esposo y sus dos hijos en Una habitación compartida con otras nueve personas. La humedad, el moho y la falta de mantenimiento son una constante en su hogar. «En las paredes tengo que estar limpiando todo el tiempo, y a veces la ropa lo revisa y está llena de moho, lo que me obliga a lanzarlo», dice.

Alba, que paga 750 euros por una habitación aún más pequeña con su hija, también ha sufrido Discriminación por su acento. «Cuando trato de alquilar un apartamento y escuchar mi acento, tengo problemas. Mi hija mayor tiene el acento español, por lo que ella llama y concierte la cita, pero al llegar al lugar, ni siquiera presentan el sitio para vivir», explica Alba, señalando otro aspecto del racismo estructural que enfrentan los migrantes en el mercado inmobiliario.

Assiatou Diallo, portavoz de la Unión de Inquilinos, destaca la situación crítica que enfrentan los migrantes: «Los migrantes están más expuestos a requisitos abusivos de bienes raíces.

Un estudio reciente de Provivienda revela que El racismo inmobiliario ha aumentado un 30% en los últimos cuatro añosLo que refleja una tendencia alarmante que resalta la vulnerabilidad de las familias migrantes en el mercado de alquiler.