Tal y como se aplica en nuestro país, grava la compra de acciones de empresas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros al 0,2% -más de lo que propuso la Unión Europea cuando intentó implementar la norma (52 empresas en España según el Impuesto Agencia), siempre que estas operaciones no sean intradiarias.

No es un impuesto que afecte a muchos directamente, pero crea indirectamente distorsiones “graves y contraproducentes” – se lee en el informe de la WFE – que aumentan la volatilidad, ahuyentan las inversiones y repercuten en la economía real.

Para contextualizar el problema es necesario explicar de dónde viene este impuesto, que comenzó como algo muy diferente a lo que es ahora. El nombre del economista estadounidense. James Tobin (1918-2002), keynesiano que ganó el Premio Nobel de Economía en 1981 por sus estudios sobre política monetaria. Propuso por primera vez el concepto de ITF en un artículo en la revista ‘Janeway Lectures’ en 1971, en principio como un mecanismo para frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales.

El momento era propicio. Ese mismo año, el presidente estadounidense Richard Nixon, que se enfrentaba a un déficit comercial apremiante y a una deuda provocada por el conflicto de Vietnam, haría saltar por los aires el patrón oro para financiar la deuda mediante la emisión de dinero sin respaldo. Nació un nuevo sistema monetario, ahora basado en un cambio flexible, y con él surgió el problema de la volatilidad. Los mercados de valores experimentaron una fluctuación monetaria masiva a corto plazo que hizo que los precios de cambio entre países fueran impredecibles y afectó sus monedas.

En este escenario, la propuesta de Tobin surgió como un mecanismo al alcance de los Estados para limitar los movimientos especulativos, frenar la volatilidad de los mercados cambiarios y limitar el poder excesivo de los mercados financieros.

Sin embargo, a partir de la década de 1990 el concepto se amplió para gravar las transacciones financieras en su conjunto, y Los movimientos antiglobalización y anticapitalistas defendieron la idea de Tobin. como remedio contra los especuladores; para disgusto de su inventor, por cierto, que murió lamentando haber sido incomprendido tantas veces.

Las justificaciones varían según el país que lo aplica, pero generalmente las razones que se dan para imponer el impuesto son el control de la volatilidad y la redistribución de la riqueza.

Un impuesto que recauda poco en España

Cuando el segundo Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la aplicación de la tasa en nuestro país -dos años antes la CNMV había advertido del fracaso en otros Estados y que perjudicaría la competitividad de nuestro mercado- lo justificó más para el segundo que para la primera. Se trataba de “reforzar la equidad del sistema tributario”, dijo en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En su nota, los investigadores de la WFE no juzgan la eficacia del impuesto como herramienta tributaria, aunque hay que recordar que La recaudación prevista por Hacienda en 2021 era de 850 millones de euros y de inmediato hubo que revisar las previsiones después de ese año sólo recaudó 295 millones; En 2023 eran 197.

Y vale comparar los ingresos percibidos con los perjuicios causados ​​por la existencia del impuesto, que según el informe de la WFE son muchos. «La lógica de que, al aumentar los costos de transacción, un ITF frena la volatilidad y la manipulación de los precios de los activos es un grave error. De hecho, tiene el efecto contrario al desalentar a los comerciantes informados, lo que significa que hay menos compradores y vendedores para negociar el precio ideal”, explica Nandini Sukumar, director ejecutivo de WFE.

Ahuyenta a los inversores

Tras analizar las 250 infraestructuras de mercado que están federadas en la WFE, Los investigadores han concluido que los ITF aumentan los costos asociados con el comercio de activos financieroslo que puede afectar a los rendimientos netos de los inversores y desalentar las inversiones tanto a corto como a largo plazo. A su vez, reducen el volumen de operaciones y la liquidez del mercado, lo que genera diferenciales más amplios entre los precios de oferta y demanda, una formación de precios más lenta y una mayor volatilidad del mercado, «lo que impacta negativamente en la eficiencia general del mercado», se lee en el informe.

También distorsionan el comportamiento de los inversores, obligándolos a modificar sus estrategias para evitar activos gravados, «lo que puede conducir a decisiones de inversión subóptimas y a un giro hacia mercados más riesgosos o menos regulados», explica la WFE.

La lista continúa: los ITF aumentan indirectamente el costo del capital para las empresas, encareciendo la financiación de nuevos proyectos, ralentizan la innovación y el crecimiento económico y hacen que los inversores trasladen su capital a jurisdicciones con impuestos inexistentes.

Para Richard Metcalfe, jefe de investigación regulatoria de la Federación Internacional de Bolsas, La historia ha demostrado que “es peligroso experimentar con ITF«, y pone el ejemplo de Suecia, donde fue erradicada en 1991 por malos resultados.

Nandini Sukumar, por su parte, considera que Los reguladores deberían aprender de la experiencia de Estados Unidos, donde la desregulación, explica, «ha llevado a una menor volatilidad de los precios». “El efecto de la regulación puede extenderse desde el mercado financiero a la economía en general, por lo que esta (regulación) debe abordarse en beneficio de los inversores y las empresas. La eliminación de las ITT conducirá al crecimiento y a una menor volatilidad”, concluye el director general de la WFE.