Él Congreso de los Diputados celebró este jueves una nueva sesión con uno de los debates más populares: el aprobación del paquete de medidas fiscales. Desde Moncloa buscan una mayoría en el Congreso para imponer, entre otras cosas, una 15% de impuesto mínimo global a las multinacionales.

El obstáculo para obtener los votos necesarios fue Poder. Los diputados del partido morado, se negaron a apoyar el paquete al no prever un impuesto a las empresas energéticas. Hasta el último momento, el secretario general de Podemos, Ione Belarrano le dio a su partido un voto de “sí” hasta que hubo “un compromiso real” de gravar a las empresas de energía.

«El acuerdo representa el compromiso del PSOE y Podemos para promover un nuevo proyecto de ley que contiene un impuesto a las empresas energéticas», explica el partido morado en el comunicado.

Finalmente, La reforma fiscal se aprobó con el “sí” de Podemos. También finalmente se ha añadido el impuesto bancariolo cual fue rechazado durante la larga y tensa Comisión de Hacienda que se celebró el pasado lunes.

El gobierno logró sacar adelante el paquete presupuestario tras el acuerdo con los separatistas y bajo la siguiente promesa: Habrá un impuesto a las empresas energéticas en 2025.

Lo que el PSOE no logró aprobar por el voto contra Podemos, PP, Vox y UPN fue su intento de subir los impuestos al gasóleo,

impuesto bancario

El impuesto bancario – eventualmente incluido en la reforma fiscal – fue creado en un decreto de medidas para la guerra en Ucrania. El 31 de diciembre pasará de la condición de beneficio territorial a la de impuesto, lo que implica que las haciendas provinciales y las comunidades autónomas podrán gestionarlo.

En cambio, el tipo será del 7% para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros. El tipo sería del 1% hasta 750 millones, del 3,5% hasta 1.500 millones, del 4,8% hasta 3.000 millones, del 6% hasta 5.000 millones y del 7% a partir de 5.000 millones.

Los ingresos obtenidos se distribuirán a las comunidades autónomas del régimen común en función de su producto interno bruto (PIB) y se realizará en el año siguiente al de recaudación del impuesto.

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