Jueces jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas se han presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia penal contra el rey Juan Carlos por cinco delitos contra la Hacienda Pública española durante sus regularizaciones fiscales en diciembre de 2020 y febrero de 2021 por lo que la Fiscalía Suprema archivó la causa abierta en su contra por los ejercicios fiscales 2014 al 2018.

En 2020Tras abandonar España y establecerse en Abu Dabi, el Rey Emérito llevó a cabo un pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y otro de 4.395.000 euros en febrero de 2021 al Tesoro Público autoliquidando así las deudas de esos 5 años fiscales para evitar las sanciones correspondientes para la constitución de los delitos que se le imputaban por el ingreso de cantidades millonarias a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans.

Los denunciantes consideran que La Ley prohíbe la regularización tributaria si, cuando se hace, la Agencia Tributaria o el Ministerio Fiscal ya han abierto una inspección o investigación, como ocurrió en el caso del Rey Juan Carlos.. Estos también aseguran que El Rey Emérito conoció por la propia Fiscalía la apertura de esta investigación. José Antonio Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo y uno de los demandantes, explicó en una entrevista a La 1 que desde la primera notificación hasta la primera regularización transcurrieron 7 meses.

Juan Carlos ya no tiene inviolabilidad como Rey al cometer estos delitos tras su abdicación

Por ello atribuyen al padre del rey Felipe VI» Sancionados cinco delitos contra la Hacienda Pública en el artículo 305 bis del Código Penal y sancionado con prisión de dos a seis años, y multa del doble al seis veces el honorario defraudado cuando el fraude se cometa por importe superior a 600.000 euros o se hayan utilizado personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica.»

El rey Juan Carlos, muy sonriente a su llegada al club náutico de Sanxenxo

Por ello también solicitan que El rey Juan Carlos es citado a declarar en su actual domicilio en Abu Dabidado que Estos actos criminales se habrían cometido una vez que el Monarca hubiera abdicado -18 de junio de 2014- habiendo perdido ya la inviolabilidad que la Constitución española otorga a la figura del Rey en su artículo 56 reconociendo que «no está sujeto a responsabilidad». También solicitado la declaración de otra docena de personas y representantes de distintas empresas que pagaban los gastos del Rey Emérito o que gestionaban su fortuna en el extranjero.