Fiscalía y jueces tensan su relación en los casos más mediáticos que afectan al Gobierno
La norma general es que jueces y fiscales vayan prácticamente de la mano durante la instrucción de las causas, de tal forma que el ministerio público propone la práctica de pruebas y los magistrados las acuerdan de una forma que da la impresión de ser automática. Sin embargo, en los casos que más afectan al Gobierno, como el de Begoña Gómez, el del hermano de presidente del Gobierno o el del fiscal general la disparidad de criterio entre el fiscal adscrito al procedimiento y el juez instructor ha hecho que hasta protagonicen sonoros desencuentros.
Donde la separación entre el instructor y el representante del ministerio público se ha hecho más visible es en el procedimiento seguido contra la esposa de Pedro Sánchez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, al que luego se sumaron uno de apropiación indebida por la supuesta apropiación del software de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y otro de intrusismo.
La Fiscalía se ha opuesto a la apertura de la causa y ha recurrido una a una las decisiones del magistrado, especialmente los cambios de condición procesal de testigo a imputado, que se produjeron con el empresario Juan Carlos Barrabés, a cuya empresa recomendó Begoña Gómez por carta para la adjudicación de contratos; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y, más recientemente, el presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y exconsejero del PP, Juan José Güemes.
Comparecencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la Asamblea de Madrid. / José Luis Roca
Recursos del fiscal
Los recursos del fiscal adscrito al caso, José Manuel San Baldomero, se basan en la «inexistencia de motivación por sucinta que sea y de exposición fáctica o argumental» para justificar el cambio de situación procesal de los testigos que pasaron a imputados.
En cuanto al registro realizado el pasado 23 de agosto en el domicilio y sede de las mercantiles de Juan Carlos Barrabés la Fiscalía madrileña advirtió de que no fue notificada hasta media hora después de la entrada de los agentes. Además, en un escrito de 27 de septiembre de 2024, el fiscal llegó a criticar la «pobre» argumentación en el auto en el que ordenaba la entrada de los policías en los inmuebles.
Por su parte, el juez Juan Carlos Peinado reprochó al fiscal Baldomero que acudiera directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de cerrar el caso «con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida». De hecho, llegó a amonestar al fiscal por las «visitas inusuales» a su juzgado.
Arriba, Almudena Lastra, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Abajo, juez Juan Carlos Peinado. A dalt, Almudena Lastra, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Abajo, juez Juan Carlos Peinado. Madrid. 24/06/2024. Juan Carlos Peinado, juez, por los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca
En el caso de Güemes, el fiscal sostiene que el juez peca de los mismos defectos que en los autos de imputación de Barrabés y Goyache, pero, además, con el exconsejero del PP, el cambio se produjo apenas realizadas unas manifestaciones en el juzgado, sin que el fiscal alcance a comprender «qué puntos concretos de las mismas han sido determinantes para variar dicho cambio en su situación procesal».
Hermano de Sánchez
La fiscalía también ha recurrido las decisiones adoptadas por la jueza de Extremadura Beatriz Biedma sobre el hermano de Pedro Sánchez. La última impugnación se dirigía contra la propia citación de David Sánchez, conocido musicalmente como David ‘Azagra’, y del presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, como imputados, para los próximos días 9 y 10 de enero. Resaltaba que «motivar no significa razonar todo, pero sí un mínimo de atribución indiciaria de unos hechos relevantes». Y el ministerio público entiende que no existen indicios suficientes en la causa abierta por presuntos delitos contra la Administración relacionados con la obtención y ejercicio del puesto de alto directivo que tiene en dicha Diputación extremeña.
Otro caso en el que la fiscalía no acusa es el seguido contra su máximo responsable, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de secretos relativa a los delitos fiscales por los que está imputado el empresario Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha de García Ortiz y quien le sustituye en caso de ausencia o en los asuntos en los que debe abstenerse, es la representante del ministerio fiscal en la causa y se ha opuesto a su apertura, al no apreciar delito, pero también a las diligencias ordenadas por el magistrado Ángel Hurtado, como el registro realizado en el despacho del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, también imputada.
En el caso Koldo la relación entre la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha sido mucho más fluida y bien avenida que en los otros casos. Hasta a la hora de defender que no asumiera la investigación la Fiscalía Europea, como acordó definitivamente el Tribunal Supremo.
Air Europa
El único desencuentro, de escaso alcance, se produjo a la hora de enviar la exposición razonada al Tribunal Supremo para abrir una causa al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que al ser aforado solo puede ser investigado por el alto tribunal. Anticorrupción, partidaria de su remisión, consideraba que no debía incluir el rescate de Air Europa. Aun así, el juez Moreno acabó por incluirlo, aunque asumía el escrito del fiscal que consideraba que de la investigación realizada por la UCO no se desprendían indicios suficientes para analizarlo.
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«Las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar cómo [el comisionista Víctor de] «Aldama utilizó su relación con Ábalos para influir en la concesión definitiva del rescate a esta empresa».dijo literalmente el juez en el escrito motivado. Y a raíz de esta operación de la trama, siempre según el escrito del juez, «el 16 de julio de 2020 se habría reunido el presidente del Gobierno, a quien Aldama, hablando con personas de su círculo más cercano, se refiere como ‘el 1’; Nadia Calvinoa quien apoda ‘el de la hacienda’, y José Luis Ábalosen base a la dinámica que se ha observado en las citadas conversaciones, y a la persona que le habría informado de los extremos anteriores, en particular, asumiendo la concesión del segundo crédito ICO.»
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