La aplicación de la ley de paridad provoca una guerra en el CGPJ con los nombramientos para el Supremo
El Consejo General del Poder Judicial encara a finales de este mes un Pleno clave –el del próximo día 29– en el que los bloques progresista y conservador podrán demostrar si la voluntad de consenso pregonada tras la renovación del órgano el pasado mes de junio pasa su prueba de fuego: la designación de casi medio centenar de plazas en la cúpula judicial. Por el momento, la aplicación a esta decisión de la ley de paridad que entró en vigor el pasado verano ya ha provocado un cruce de informes redactados por la Comisión de Igualdad y el Gabinete Técnico, que apoyan criterios diferentes y que afectan a nombramientos clave en el Tribunal Supremo.
Las posturas están enfrentadas y se han emitido tres informes al respecto. El sector progresista apoya el criterio adoptado hasta en dos documentos diferentes por la Comisión de Igualdad del órgano para que ni el número de hombres ni el de mujeres esté por debajo del 40 por ciento. Ello obligaría al nombramiento de más de una veintena de mujeres magistradas entre las plazas pendientes que tienen que nombrarse en el alto tribunal.
El conservador, sin embargo, advierte que el Pleno del pasado mes de noviembre ya tomó conocimiento de un otro informe encargado por la propia presidenta, Isabel Perelló, al Gabinete Técnico del órgano que obvia las posturas de los vocales de Igualdad y apuesta por aplicar un criterio generalizador, es decir, que la paridad se aplique de forma general al total de los nombramientos que realice el órgano de gobierno de los jueces durante su presente mandato.
Los vocales Carlos Hugo Preciado y Alicia Avilés, que integran la mayoría progresista en la Comisión de Igualdad, señalan en su último informe, con fecha del pasado 17 de diciembre, que los resultados de aplicar lo que recomienda el Gabinete Técnico «podrían ser absurdos y desdibujar la paridad como criterio de participación en los ámbitos de toma de decisiones», según reza el documento al que ha tenido acceso este diario. La tercera integrante de esta Comisión, la conservadora Gema Espinosa, no suscribe la postura de sus compañeros.
La cuestión es que la adopción de uno u otro criterio puede inclinar la balanza a la hora de decidir qué magistrados se harán con determinados puestos clave, como son las presidencias de Sala pendientes de designar en el Tribunal Supremo. Si se aplica el criterio de Igualdad, dos de ellas deberían de ser para las mujeres, y ello facilitaría la elección de las candidatas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso en las de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, respectivamente, frente a los candidatos conservadores Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. Se trata de las dos Salas más disputadas por llevar asuntos de importante impacto político y mediático.
‘Superpleno’ el 29 de enero
Otras presidencias originan menos debate, como la de lo de Civil, ya que únicamente opta el magistrado Ignacio Sánchez, de perfil conservador. A la de lo Social concurren Concepción Ureste, también progresista, y Juan Molins, enmarcado en la corriente conservadora. No obstante, fuentes progresistas advierten que el interés por la paridad trasciende estas presidencias y debe centrarse también en el resto de vacantes en el alto tribunal, que alcanzan en total casi una treintena.»Las apuestas desde el sector conservador para las plazas del Supremo son casi todo hombres», advierten desde el bloque progresista.
Muchas de ellas serán designadas en lo que muchos llaman ya el superpleno que celebrará el Consejo del Poder Judicial el próximo 29 de enero, que además de las del Supremo verá previsiblemente la presidencia de la Audiencia Nacional –que se disputan María Tardón, Eloy Velasco y Enrique López– y también la de sus salas de lo Penal, Contencioso y Social, además de la de Apelaciones y otros puestos de interés en Audiencias Provinciales, tribunales superiores de justicia etc.
«Veremos si hay voluntad de acuerdo» señalan desde el sector conservador, que niega que los dos informes de la Comisión de Igualdad a favor de que la paridad se establezca en cada uno de los órganos tengan que ser tomados como tales. «Se trata de la opinión de dos vocales, el informe del que tomó conocimiento el Pleno es el del Gabinete Técnico», señalan las mismas fuentes.
Todo parece indicar la actual composición del órgano, de mayoría progresista, pero que obliga al consenso para poder alcanzar los 13 votos necesarios para un nombramiento, llevará finalmente a un bloqueo por falta de acuerdo entre las partes, en especial en lo concerniente a las Salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Supremo. El grupo negociador comenzará a verse para discutir candidaturas ya la semana que viene, según las fuentes consultadas.
Trabajarán con la idea de no llevar asuntos al Pleno que no estén previamente consensuados, lo que a priori parece complicado. Para empezar, mientas los progresistas apuestan por Ferrer y Teso por la necesidad de «ahondar una representación paritaria en determinados ámbitos y órganos decisorios de la vida política y económica”, desde ámbitos conservadores se apunta que tan solo tratan de asegurar la plaza a las magistradas auspiciadas por el ministro Félix Bolaños.
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Desde el bloque de los progresistas se defienden. «No es un criterio que favorezca determinados nombres, es un criterio para no incumplir una ley, la que considera que las mujeres somos parte de la sociedad con plenitud de derechos», señala a este diario una de las vocales que integran esta corriente. «Es un escándalo que la institución llamada a hacer justicia en el Estado español sea de las más –si no la más– retrasada en criterios de igualdad».
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