La jueza del caso Esther López acuerda practicar más pruebas pedidas por su defensa
El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que investiga la desaparición y muerte de la joven Esther López en la localidad de Traspinedo ha ordenado continuar la tramitación del presente procedimiento para que sea juzgado por un tribunal del jurado por los delitos de asesinato u homicidio dolosos, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro, contra la integridad moral, maltrato al cadáver, secuestro, detención ilegal y contra la seguridad del tráfico.
Quedan, no obstante, diligencias por practicar, que la jueza considera pertinentes y útiles antes de decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
La instructora considera que existen indicios de que tras estar en el bar de la localidad, la víctima se fue con el investigado y con otro hombre a la zona de las bodegas, «para después, en el coche de Óscar S.M, dirigirse al domicilio de ‘Carolo’ al lado del local La Maña de Traspinedo, donde éste se baja. Óscar y Esther se dirigieron a una vivienda de Traspinedo, de la familia del investigado que éste utilizaba habitualmente, y tras estar juntos en ella, la mujer abandonó la misma a pie, saliendo él tras ella en su vehículo VW T-ROC con el que la atropelló muy cerca de ese inmueble, causándole serias lesiones, pero no la muerte».
El auto recoge que «siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, lejos de prestar ayuda o solicitar ayuda que otros pudieran prestar, el investigado esperó entre una y tres horas hasta que comprobó que ella estaba ya muerta, procediendo a ocultar el cadáver y finalmente meterlo en el maletero de su vehículo y tirarlo, horas después, en el lugar donde fue hallado, no dando noticia directa o indirecta de donde se encontraba. Tanto Esther como Óscar habían ingerido esa noche bebidas alcohólicas».
Fianza de 205.000 euros
La jueza, además, requiere al investigado para que abone una fianza de 205.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias a las que pudiera tener que hacer frente en el caso de ser condenado.
Tal decisión, no obstante, podría verse modificada en función del resultado que arrojen las nuevas diligencias acordadas por la instructora y que fueron solicitadas por la defensa del investigado en la «vistilla» celebrada el pasado 20 de diciembre. la instructora considera que son pertinentes e útiles antes de decidir sobre la apertura del juicio oral.
Así, la jueza ha acordado tomar declaración en calidad de testigos a los agentes de la Guardia Civil y otras personas que «peinaron» las zonas señaladas como sectores 2 y 3 durante las labores de búsqueda de la fallecida.
La instructora, además, requiere a la Guardia Civil para que localice y aporte las grabaciones de los drones que rastrearon los sectores 2 y 3, los días y horas que lo hicieron y las imágenes captadas.
La jueza, en cambio, rechaza practicar otras diligencias por «su falta de conducencia en aras de acreditar los hechos investigados». En este sentido, argumenta que «no ha lugar» sin embargo a acordar las testificales interesadas por su falta de conducencia en aras de acreditar los hechos investigados; del mismo modo que ocurre con el vídeo propuesto por la defensa, el cual ofrece una visión frontal sin proyección sobre la superficie exacta en que fue hallado el cuerpo de la finada, por lo que resulta inútil a los fines pretendidos, decayendo en consecuencia la procedencia del requerimiento pretendido al autor del mismo.
La denegación supone un duro golpe a las pretensiones de la defensora, Ana Pérez, que justificaba la petición de sobreseimiento en la falta de pruebas contra su cliente, sobre todo porque a estas alturas del proceso ni siquiera, a su juicio, se ha certificado que el cadáver de Esther permaneciera tendido en una cuneta desde su muerte, la madrugada del 13 de enero de 2022, o bien hubiera estado en otro sitio y depositado en el escenario de su localización veinticuatro días después, ya que el hallazgo se produjo el 5 de febrero.
Esta última hipótesis, que avalaría el vídeo ahora rechazado de un conductor que pasó por allí el 2 de febrero en el que no se detecta el cadáver, es para esta parte «muy importante» ya que en el supuesto de que el cuerpo hubiera sido llevado a aquella cuneta en febrero, ello dejaría fuera a Óscar ya que desde el 2 de febrero su vehículo, un Volkswagen T-Roc, estaba siendo seguido por la Guardia Civil, sin saberlo el propietario, debido a que había sido balizado con el fin de someterle a un seguimiento de sus movimientos.
Pero además, la defensora también pone en solfa la acusación contra su patrocinado al recordar que ni en el coche de Óscar aparecieron rastros de la finada ni viceversa. Tan solo fueron halladas unas partículas azules en las ropas de la joven que para nada coinciden con la pintura del T-Roc.
Sí ha aparecido una pequeña abolladura en el vehículo pero la letrada defensora sostiene que se ha podido producir una vez que el turismo fue intervenido por la Guardia Civil, ya que antes el vehículo carecía de ella, de ahí que porfíe en la petición de sobreseimiento porque, a su entender, «no hay argumento ni indicios racionales para imputar por atropello y menos por un atropello intencionado».
También la jueza, a través del presente auto, considera improcedentes la testifical pericial de Aitor Curiel, la unión a los autos de las fotos de la autopsia y las declaraciones pedidas de los médicos forenses, en el presente momento procesal, sin perjuicio del derecho que asista a la defensa a llevar a interesarlas para su práctica en el juicio oral».
El auto, que ya ha sido notificado a las partes, no es firme. Puede ser recurrido en reforma, ante el propio Juzgado instructor, y en apelación, ante la Audiencia Provincial de Valladolid.
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Fiscalía de Valladolid encuadra la conducta de Óscar en un delito de homicidio y otro de omisión del deber de socorro, las dos acusaciones que representan a los padres y la hermana de la víctima tipifican su conducta como asesinato, omisión del deber de socorro, detención ilegal-secuestro y lesiones agravadas, y todo ello frente al sobreseimiento que, sin éxito, ha venido solicitando la defensa.
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