DESCARBONIZACIÓN ASTURIAS | ¿Qué está pasando con los proyectos de descarbonización en Asturias? Análisis de la paralización de proyectos empresariales subvencionados
El Gobierno de España, ante las continuas reclamaciones de la gran industria intensiva en consumo energético, ha decidido apretar con más fuerza el botón de las subvenciones. En las últimas semanas ha anunciado el incremento para este año de las ayudas por compensación de los costes indirectos de CO2 repercutidos en los precios de la electricidad hasta los 600 millones de euros y la prolongación hasta el 31 de diciembre de 2025 del descuento del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad vigente desde el estallido de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>Son medidas de calado para abaratar la factura de la luz de la gran industria electrointensiva, con fuerte peso en Asturias y de la que dependen miles de puestos de trabajo de calidad. La primera medida supone un incremento del gasto para el Gobierno de 300 millones de euros con respecto al año anterior –aunque la cuantía total aún está muy lejos del máximo que permite la UE del 25% de la recaudación de los derechos de emisión de CO2 y de la que destinan otros países competidores como Alemania– y la segunda medida tiene un coste anual de más de 200 millones de euros.
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[–>Es mucho dinero, más de 800 millones de euros para rebajar la factura energética en 2025, pero estas medidas son temporales, con fecha de caducidad. La gran industria no sabe si después de 2025 las ayudas por compensación de los costes indirectos de CO2 serán iguales, superiores o inferiores. Además, la cuantía total de las subvenciones ni está ligada a un porcentaje fijo de los ingresos del Estado por derechos de emisión de CO2 que permita hacer un cálculo estimativo. Cada año cambia. Y en cuanto al descuento de los peajes, más de lo mismo. La prórroga de la rebaja del 80% es de un año. ¿Y después de 2025, qué?
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La gran industria ya tiene asumidos los bandazos del precio mayorista de la electricidad, que en España sigue muy vinculado al volátil precio del gas pese al despliegue de las renovables. Así, por ejemplo, en los primeros quince días del este año, los ciclos combinado de gas y la gran hidroeléctrica regulable –los embalses– han fijado el precio de la electricidad en el 65% de las horas de casación pese al protagonismo que han perdido frente a la energía eólica y la solar fotovoltaica, que junto a la nuclear y la hidroeléctrica no regulable –tecnologías que suelen ofertar con precios cercanos a cero para asegurar su presencia en el mix energético– han generado más del 70% de electricidad, según los cálculos de los analistas de la consultora energética Grupo ASE.
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El mercado marginalista de la electricidad, con sus imperfecciones, sigue inamovible en Europa, pero lo que reclaman las grandes industrias es que todo aquello que sí está en manos del Gobierno de España tenga unos escenarios predecibles que les permitan planificar a medio y largo plazo en un momento en el que están obligadas a invertir en la descarbonización. La incertidumbre no es buena compañera de viaje de la inversión.
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Un escenario más predecible, en el que también hubiera medidas de acompañamiento a las empresas que se atreven a dar el salto hacia las nuevas energías verdes –no solo fondos europeos para las obras– ayudaría a que ArcelorMittal despejara sus dudas sobre el proyecto para sustituir uno de los hornos altos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro con hidrógeno verde, clave para el futuro de la siderurgia asturiana, o a que Fertiberia apostara por poner en marcha al completo su plan de transformación de la fábrica de Trasona, incluyendo la fabricación de amoniaco verde. También ayudaría a evitar casos como los de Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), la filial industrial de Central Lechera Asturiana, e Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), conocida por la marca Reny Picot, que han anunciado que van a renunciar a las ayudas del PERTE de descarbonización que les ha otorgado Industria para rebajar las emisiones de sus fábricas de leche de Granda (Siero) y Anleo (Navia) porque no les salen las cuentas. Y quizá acabaría también con los quebraderos de cabeza de otras compañías como Bayer, que tiene en mente el proyecto de la Aspirina verde –producir en Langreo ácido acetilsalicílico sin emisiones mediante la electrificación de los procesos– y que no acaba de verlo claro. n
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