Unas 10.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle el pasado sábado en Almaraz para exigir que no se cierre la planta cuando marca el calendario de apagones: en otoño de 2027 y otoño de 2028. Entre otras cosas, los manifestantes (entre ellos el presidente de (la Diputación de Cáceres, el socialista Miguel Ángel Morales) advirtió de las catastróficas consecuencias que tendría el cierre para la región. También señalaron que la planta cumpliría con los requisitos técnicos para continuar, en una manifestación llena de trabajadores del sector.

Desde el Gobierno, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica reaccionaron expresando su «respeto» a la protesta pero criticando la decisión, acordada en 2019 con las empresas propietarias. Según el Ejecutivo, «el Gobierno no cierra», sino que son «decisiones empresariales». Sostuvieron también que «no es una cuestión técnica, sino económica».

«El PP, que gobierna en Extremadura con el apoyo de Vox en su investidura, participa activamente en propagar la idea de que el Ejecutivo es responsable«, alegó Transición Ecológica, deslindando cualquier responsabilidad por el apagón nuclear que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el documento con la estrategia de energía verde del Gobierno enviado a Bruselas.

Según la versión del Ejecutivo, son las eléctricas propietarias de las plantas las que no quieren seguir operativas. El Ministerio da la razón de que les exigiría invertir mucho en las instalaciones para cumplir con los estándares de seguridad aprobados por la UE tras la catástrofe de Fukushima y obtienen más rentabilidad invirtiendo en renovables. Añaden que ninguna de las empresas propietarias de las centrales ha solicitado al Gobierno que modifique este calendario de cierre y pueden hacerlo cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España, señalan desde el departamento que dirige Sara Aagesen desde la salida de teresa. De Riverside a Bruselas.

En esta respuesta que ahora busca desvincularse de lo que pueda pasar de aquí a 2027 con el parque nuclear, el Ministerio olvida que el calendario fue pactado con el Ejecutivo y también la existencia de una orden ministerial de 2020 que menciona específicamente el cese de actividad de los dos reactores de Almaraz en las fechas indicadas y cuya modificación, según fuentes del sector, sería el primer e imprescindible paso para permitir a Almaraz seguir operando unos años más. Se refieren a la Orden Ministerial TED/773/2020, que concedió la última renovación de la autorización para operar los dos reactores de la central nuclear. En él se introdujo la siguiente especificación:

«Esta autorización surtirá efectos a partir del día siguiente de su notificación a Centrales Nucleares de Almaraz-Trillo, AIE, y tendrá validez hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. serán las fechas de cese definitivo de explotación de estas Unidades».

El sector señala que en el caso de una hipotética ampliación de la vida útil de la central, el primer paso sería revocar aquella orden ministerial que «establecía el cese definitivo de los dos reactores en 2027 y 2028 respectivamente» y que cerrar la puerta para pedir una renovación.

La «losa» de los impuestos

La patronal de centrales nucleares, Foro Nuclear, ha emitido este lunes un comunicado sobre la protesta y también sobre la respuesta del Gobierno en el que, ante el comunicado de que ninguna de las empresas ha pedido modificar las fechas de cierre, responde con la propuesta de «establecer un diálogo con el Ministerio analizar conjuntamente la situación».

«La política energética es responsabilidad del Gobierno«, recuerdan, en alusión también a la advertencia que lanzaron la semana pasada de que en cualquier caso no continuarán si no cambian las condiciones actuales: «La presión fiscal que soporta la energía nuclear supone un lastre para la competitividad de la generación nuclear en España y , por tanto, por su continuidad. La constante subida de impuestos, que en la práctica supera al resto de costes de explotación combinados, es la mayor incertidumbre a la que se enfrenta el sector y el principal motivo que impide la continuidad de las plantas. «Ningún otro país con centrales nucleares en nuestro entorno europeo soporta estas cargas fiscales desproporcionadas».

Por su parte, la central reaccionó a la protesta expresando su «más sincero agradecimiento» a los participantes y señalando que la planta es una «instalación totalmente arraigada en la Comunidad Autónoma», señalando que se encuentran «en las mejores condiciones técnicas para continuar.» y señalando que «el cierre previsto de la planta se debe fundamentalmente a la desproporcionada carga fiscal que sufre (435 millones de euros anuales), que supera todos sus costes operativos juntos».